Entre controversias, Bell intenta recuperarse de la crisis que dejó el gobierno anterior

 

El administrador Doug
El administrador Doug Willmore asegura que tan sólo este año Bell ha gastado $2.1 millones de dólares por servicios legales relacionados con el escándalo de corrupción. Foto: Bertha Rodríguez.

Bertha Rodríguez

Con gastos millonarios derivados de litigios y deudas heredadas de la pasada gestión municipal que llevó a la cárcel por corrupción al exadministrador Robert Rizzo, a su asistente y  a cinco exmiembros del Concejo, el actual gobierno de la ciudad de Bell libra una batalla por recuperar su economía y lograr que los esfuerzos se traduzcan en bienestar para sus residentes, en su mayoría latinos de clase trabajadora.

De acuerdo con el administrador municipal Doug Willmore, tan sólo en este año que está por concluir, la ciudad gastó alrededor de 2.1 millones de dólares en pagos por servicios legales relacionados con el escándalo de corrupción que sacudió a Bell en el 2010, cuando ocho funcionarios, entre ellos el exalcalde y concejales salientes y activos en ese tiempo, fueron arrestados.

De un presupuesto general de $12,000,000.00 de dólares, 1.3 millones estaban programados para el área legal, explica Willmore. Sin embargo, a través del trabajo de la defensa encabezada por la firma Aleshire & Wynder, recuperaron casi siete millones de dólares procedentes de firmas legales, cuentas de firmas y pagos de seguros.

Controversia

Cuatro de los cinco concejales coinciden en que es necesario continuar con la presente defensa legal -a pesar de los costos-, para mantener a salvo de la bacarrota las arcas del gobierno municipal y para lograr la recuperación económica.

La vicealcaldesa Ana María Quintana, sin embargo, denunció la supuesta existencia de un fondo secreto “creado por el actual abogado y el administrador de la ciudad que sirve para ocultar los costos exorbitantes de sus honorarios legales”.

Desde el mes de mayo, la vicealcaldesa fue citada en reportes periodísticos en los que afirma que el acuerdo con la firma de abogados fue verbal, hasta que se conocieran los resultados de las demandas que podrían generar ganancias para la ciudad.

Willmore y cuatro miembros del concejo, incluída la alcaldesa, Violeta Álvarez, niegan que haya habido algún trato secreto.

El abogado David J. Aleshire explica en una carta fechada el 16 de agosto del 2013, que su firma fue contratada en agosto del 2011 y que el 4 de noviembre de ese año informó al concejo a través de un memorandum que iba a reducir el cobro de sus servicios en $256,000 presentando un cobro por $1,158,146. Sin el descuento, el cobro hubiese sido de cerca de 1.5 millones de dólares, indica la carta.

El documento también sostiene que el asunto fue tratado públicamente en otras reuniones del concejo en mayo y junio de este año.

En la junta del concejo del 16 de octubre pasado hubo una fuerte discusión sobre el tema, cuando cuatro concejales reprobaron la actitud de la vicealcaldesa por dar a conocer su opinión en los medios. Señalaron que su acción daña la imagen de la ciudad, de los concejales y del personal de la administración.

Tres concejales y la alcaldesa dijeron sentirse ofendidos por las acusaciones de Quintana, quien en las notas periodísticas los comparó con los concejales del pasado gobierno.

El concejal Ali Saleh dijo que en la junta de concejo de noviembre del 2012 había un punto en la agenda donde la firma de abogados informó que “estamos proponiendo que comenzando el año 2012-2013 continuamos sosteniendo nuestros cobros a cien mil dólares por mes en promedio, pero en lugar de cobrar las tarifas, arriba de esa cantidad, llevamos adelante los cobros diferidos y los tomamos de las recuperaciones que esperamos ganar a través del litigio”.

En medio del debate, varios residentes pidieron a las autoridades trabajar unidos para sacar a la ciudad adelante. “Un concilio dividido no puede sostenerse en pie”, dijo Andy Rodríguez.

Sin mencionar el nombre de la aludida [Ana María Quintana], José Moreno pidió que dejara trabajar al abogado y al administrador. “Si no te parece, por favor renuncia a tu posición, si alguien quiere correr para una posición más alta, deja de usarnos como trampolín”,  advirtió Moreno.

Alfred Arellán fue al grano y se dirigió a la vicealcaldesa: “espero que tengas evidencias de las acusaciones, le dijo, pues esto puede tener serias repercusiones”.

El tema de las tarifas legales no estaba en la agenda de la reunión, pero el día anterior hubo una sesión para tratar el tema exclusivamente. Sin embargo, la discusión estuvo trabada entre los argumentos de Quintana y los cuatro concejales.

Unos y otros intercambiaron calificativos de mentirosos. El concejal Saleh dijo en entrevista que las acusaciones de Quintana tienen un móvil político pero al pedirle ser más específico dijo desconocer cuál es la “agenda” de la vicealcadesa.

Tras considerar que este tipo de discusiones son improductivas, el concejal Néstor Enrique Valencia aclaró: “no tenemos un fondo secreto, todos sabíamos, incluso antes de que llegara Aleshire, que la ciudad iba a tener grandes luchas legales y tenemos que pagar”.

Mientras Valencia explicaba su posición al respecto, un par de personas comenzaron a reírse a carcajadas interrumpiendo al orador. Molesta, la alcaldesa tuvo que suspender la sesión durante cinco minutos.

Poco antes, Quintana preguntó al director de finanzas Josh Betta “¿Cuándo comenzó este acuerdo?” La respuesta fue de la secretaria de la ciudad quien afirmó que ese tema no estaba en la agenda.

“Este acuerdo comenzó en septiembre y el memo que acaba de ser leído habla de la propuesta. Quiero que la ciudad me de los records de cuando el punto fue puesto en la agenda porque el problema aquí es que no me siento cómoda que este acuerdo sea válido porque el concilio nunca lo aprobó, nunca nos fue presentado. Fue presentado como propuesta, no fue votado, no hubo discusión”, dijo Quintana.

Al retomar la sesión, Enrique Valencia aclaró en relación a la denuncia de Quintana que fue “censurada” por cuestionar el mencionado acuerdo de la ciudad y el abogado, que no se trata de una censura sino que en base a la regla Roberts el resto de los miembros del concejo no descartan emitir una reprimenda formal “porque este recurso viene cuando un concejal insiste en algo que no tiene fundamento.

“No somos el viejo concilio, no somos la vieja Bell”, aseveró el concejal quien reconoció que todo debe hacerse cuidadosamente y en base a “nuestros documentos”.

“Yo lo único que busco es transparencia y no entiendo porqué mis colegas se rehúsan a hablar del tema.  No entiendo el porqué a ellos no les preocupa que el administrador y el abogado hagan acuerdos sin consultarnos.  No entiendo porqué no les preocupa que de la noche a la mañana tengamos una deuda de más de un millón (de dólares) y no se nos diga cómo tienen planeado pagarla ya que no hay contrato alguno aprobado por nosotros y nada por escrito”, escribió Quintana a esta reportera después de la reunión del concejo.

En un boletín de prensa agregó que “ya ha sido retirada de sus tareas en todos los comités donde representaba a Bell y está a punto de ser despojada de su puesto como vicelcaldesa de Bell”.

Al final de la reunión, la alcaldesa Violeta Alvarez fue enfática: “yo tomo decisiones por los 37 mil residentes de la ciudad y cuando alguien pone en el periódico que estamos cometiendo fraude, me siento insultada porque tengo integridad, no existe un fondo secreto ni hay nada escondido. Si hay puntos que no podemos discutir abiertamente, es porque no queremos perjudicar casos futuros en la corte, pero no hay una agenda oculta”.

Pidió a los residentes ser pacientes y “si tienen preguntas por lo que ven en los medios, pueden contactarme a mí o a cualquier concejal”.

Lenta recuperación

Para enfrentar el caos financiero provocado por Rizzo, la ciudad contrató a Willmore a medidados del 2012; éste a su vez trajo a su equipo al director de finanzas, Josh Betta; al director de desarrollo comunitario, Joe Pérez y a la directora de servicio comunitario, Pamela Yugar.

En contraste con los exorbitantes salarios de la pasada administración, el administrador municipal gana $175,000.00 dólares al año (Rizzo llegó a cobrar cerca de un millón y medio de dólares anuales). Los concejales anteriores ganaban más de $100,000.00 dólares al año, mientras que los concejales actuales ganan $673.00 dólares al mes (poco más de $8,000.00 anuales).

El primer año, afirma Willmore, la nueva administración se enfocó en solventar los asuntos legales a través de los cuales la ciudad ganó alrededor de $7 millones de dólares.

Cuando Willmore y su equipo llegaron a Bell, la ciudad estaba atrasada tres años en sus auditorías; Rizzo había dejado una gran deuda en bonos además de que había que vender una propiedad por la que había pagado 35 millones de dólares cuando sólo valía 25 millones. La administración vendió la propiedad e hizo un trato de bonos para regresar el dinero y no tener que pagar impuestos ni la cantidad restante.

La siguiente fase, informa Willmore, buscará reconstruir la economía y reducir los impuestos que pagan los ciudadanos ya que en la ciudad de Bell los propietarios de viviendas pagan los impuestos más altos de todo el condado de Los Angeles.  También buscará tener más programas recreativos, mejorar los parques y otros servicios que la comunidad necesita.

Willmore reconoce que estar al frente de la administración de Bell es el más grande reto al que se ha enfrentado. Sin embargo, confía en que antes de que termine este año la ciudad logre recuperarse financieramente. Argumenta que la ciudad tenía un déficit de $1,000,000.00 de dólares, con una reserva del dos por ciento. La meta es alcanzar una reserva del 14 por ciento.  “Ahora tenemos un presupuesto estructuradamente balanceado lo que significa que nuestros ingresos  están a  la par de nuestros gastos”, sostuvo el administrador municipal.

 La sombra de los corruptos

En marzo de este año, el exalcalde Óscar Hernández, y los exconcejales Víctor Bello, George Cole, Teresa Jacobo y George Mirabal fueron encontrados culpables de apropiación ilícita de fondos públicos y de recibir salarios excesivos. El único exonerado de los cargos fue el exconcejal Luis Artiga. En un proceso aparte, Rizzo y su exmano derecha, Angela Spaccia, fueron acusados  de corrupción.

A principios de octubre, un día antes de su juicio, Robert Rizzo no rechazó  los 69 cargos en su contra,  entre ellos de apropiación de fondos públicos, falsificación y ocultamiento de documentos, perjurio y otros delitos por los que recibirá una sentencia de entre 10 y 12 años de cárcel. El jucio de Spaccia ha comenzado ya con  la selección del jurado.

En el 2008, un residente pidió a los miembros del concejo que revelaran el sueldo de Rizzo (quien estuvo 17 años a cargo de la administración). Más tarde, se dio a conocer que en el útimo año, su sueldo era de alrededor de 1.5 millones anuales y que los concejales recibían alrededor de cien mil dólares al año por un trabajo de medio tiempo y que aveces ni siquiera cumplían.

En marzo del 2011, los concejales implicados en el escándalo de corrupción fueron destituídos y Lorenzo Vélez, el único concejal que no fue involucrado, perdió las elecciones especiales que se llevaron a cabo. En abril de ese año, tomaron posesión la actual alcaldesa Violeta Alvarez, la vicealcaldesa Ana María Quintana y los concejales Ali Saleh y Néstor Enrique Valencia. En 5 de marzo de este año Quintana fue reelecta y Alicia Romero, fue electa por primera vez (estarán en su cargo hasta el 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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