
Redacción de Latinocalifornia.com
Los problemas políticos y económicos persiguen a Bell. Una auditoría estatal descubrió recientemente que las finanzas de la ciudad se han agravado al punto que las autoridades no podrán a regresar a los residentes y negocios del área los millones de dólares que les deben por el cobro de impuestos excesivos.
De acuerdo con la auditoría, Bell está a punto de caer en una crisis fiscal. La ciudad tiene un balance negativo de 1.1 millones de dólares y ha visto caer sus ingresos de manera significativa, luego de dejar de cobrar impuestos ilegales.
Por si fuera poco, Bell enfrenta costos legales por cuatro millones de dólares derivados del juicio que se sigue a varios funcionarios de la administración anterior, acusados de fraude y malversación de fondos para pagarse a sí mismos salarios estratosféricos.
El reporte indica que la ciudad debe más de $3 millones a dueños de propiedades y negocios. De esa suma, más de $800,000 corresponden al cobro de tarifas excesivas por los servicios sanitarios de la ciudad.
Desde que estalló el escándalo de corrupción hace ya tres años, las nuevas autoridades de Bell han tratado de hacer cambios en la ciudad y gobernar con mayor honestidad y transparencia. Una de estas acciones fue el devolver a los residentes $3 millones por concepto de cobro ilegal de impuestos.
Sin embargo, los problemas financieros persisten debido, principalmente, a estados de cuenta inexactos, según el contralor estatal John Chiang.
Pese al panorama negativo que presenta la auditoría, el administrador de la ciudad, Doug Willmore, opinó que la situación no es tan grave como la pintan los auditores estatales y subrayó que, gracias al trabajo que llevan a cabo las nuevas autoridades, al final del año la situación financiera de Bell mejorará significativamente.
El exalcalde Ali Saleh dijo también que no coincide con la situación tan negativa presentada por la auditoría y agregó que en los próximos meses cambiarán las finanzas de la ciudad.
El escándalo de Bell estalló en el verano de 2010, cuando una investigación de Los Angeles Times reveló que los funcionarios más altos de la ciudad, entre ellos el alcalde Oscar Gutiérrez, varios concejales y el administrador Robert Rizzo, ganaban sueldos fuera de proporción, por lo que fueron destituidos y están en vías de ser enjuiciados.