María Luisa Arredondo
De todas las reformas propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ninguna ha resultado tan preocupante y polémica como la electoral debido a que representa una seria amenaza para la estabilidad social y el futuro democrático del país.
Bajo el argumento de que el Instituto Nacional Electoral (INE), que es el encargado de organizar las elecciones, le cuesta mucho dinero al erario por los altos sueldos de sus funcionarios y porque tiene numerosos empleados, López Obrador ha propuesto reestructurar ese organismo para reducirlo a su mínima expresión, lo que afectará la realización de elecciones justas y transparentes.
Con el fin de llamar la atención sobre este riesgo, más de 100 organizaciones civiles han convocado a la ciudadanía a una concentración que se efectuará el 26 de febrero en el zócalo de la Ciudad de México. Esta será la segunda manifestación contra los intentos de López Obrador para disminuir al INE, primero mediante una amplia reforma electoral, y ahora a través del llamado Plan B. Las protestas se llevarán a cabo también en numerosas ciudades de México y del extranjero, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Brownsville y Barcelona.
Los organizadores aseguran que el objetivo principal de estas manifestaciones no es atacar al gobierno de López Obrador sino defender al INE y asegurar que en las próximas elecciones los votos sean bien contados por un árbitro electoral fuerte y autónomo.
López Obrador niega que el Plan B tenga como fin debilitar al sistema democrático. Por el contrario, dice que lo quiere recuperar para que sea el pueblo el que decida y no la élite que actualmente está al frente del INE. Y asegura, sin bases, que las verdaderas intenciones de quienes asistirán a las manifestaciones del 26 de febrero son detener a la 4T, defender a los gobiernos corruptos del pasado y abogar por la libertad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa.
La realidad es que el Plan B, que surgió a raíz del rechazo que sufrió en el Congreso la reforma electoral que presentó el mandatario, sí es una amenaza para la vida democrática de México.
Aunque tiene alcances más limitados que la reforma original, el Plan incluye elementos que resultan muy preocupantes para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera democrática y legítima porque propone eliminar al personal especializado en materia electoral y a la Junta General Ejecutiva del INE, que es la que determina el manejo de recursos del instituto.
También se propone eliminar el número de juntas distritales de 300 a 260 y desaparecer el Fideicomiso para Pasivo Laboral y de Infraestructura Inmobiliaria del INE, así como cerrar el Servicio Profesional Electoral, en donde se integran las 32 juntas locales ejecutivas del órgano presidido por Lorenzo Córdova. En total, se estima que el Plan B propone eliminar más de 6,000 empleos, lo que representa alrededor del 85% del personal del INE.
Se prevé, además, eliminar el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE y suspender el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), creado para ofrecer una estimación de los resultados de los comicios a lo largo de la jornada electoral. En su lugar, se pretende iniciar el cómputo oficial de los votos el mismo día de la elección, al cierre de las casillas.
A pesar de las múltiples críticas y señalamientos de que muchos de los artículos contenidos en las reformas propuestas por López Obrador son inconstitucionales, la Cámara de Diputados aprobó el Plan B el pasado 7 de diciembre con 261 votos a favor y 216 en contra. Y el 22 de febrero, el Senado le dio luz verde a esta iniciativa con 72 sufragios a favor y 50 en contra para que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación.
Los opositores al Plan B, sin embargo, están decididos a dar la batalla en numerosos frentes. Además de las manifestaciones que se efectuarán tanto en México como en el exterior, se preparan ya varias controversias de constitucionalidad y amparos ante la Suprema Corte de Justicia para que esta entidad sea finalmente la que tenga la última palabra. La esperanza es que los magistrados detengan los intentos de la 4T por minar la democracia que tanto trabajo ha costado construir en México.