
María Luisa Arredondo*
Si algo quedó claro después de los comicios que se llevaron a cabo en cuatro entidades de México el pasado domingo es que el sistema electoral del país está muy lejos de garantizar elecciones libres, transparentes y justas, pese a los enormes esfuerzos y recursos que se han destinado para ese fin.
Al igual que ocurría hace más de 20 años, antes de que se creara la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) y de que se aprobara la más reciente reforma electoral que data de 2014, los comicios del domingo estuvieron opacados por múltiples denuncias de compra y coacción del voto, clientelismo, uso de recursos sociales, desvío de fondos públicos hacia las campañas y cambios en el Registro Federal de Electores, entre otras irregularidades.
Como consecuencia de todos estos abusos, nadie ha quedado conforme con los resultados electorales. En mayor o menor grado, en todos los estados donde se celebraron comicios, desde Coahuila hasta Nayarit, ha habido protestas y quejas por estas prácticas regresivas que violentan la voluntad popular.

Las inconformidades han sido especialmente fuertes en el Estado de México, que con 11 millones de votantes es el más poblado del país y está considerado como clave para anticipar cuáles serán los resultados en la elección presidencial de 2018. Debido a la importancia de esta entidad, la jornada electoral aquí se vio como una medición de fuerzas entre el presidente Enrique Peña Nieto y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque Peña Nieto tiene un bajísimo nivel de popularidad y a López Obrador se le considera como el favorito para ganar la presidencia en 2018, los resultados oficiales le dieron el triunfo en el Estado de México al candidato priista Alfredo del Mazo, quien es primo lejano de Peña y venció por un estrecho margen a Delfina Gómez, de Morena.
Todo indica que, debido a lo cerrado de la contienda y a las numerosas denuncias de irregularidades, Morena impugnará la elección en los tribunales, lo que remitirá a los mexicanos a las luchas de 2006 y 2012, cuando AMLO pidió recontar los votos.
En este contexto, el clima político que se anticipa para las elecciones presidenciales de 2018 no es nada halagüeño. México ha invertido mucho en reformas electorales e instituciones que garanticen el respeto a la voluntad popular a través del voto. Por desgracia, todos estos esfuerzos han fracasado porque los actores políticos y los partidos saben bien que es prácticamente imposible ganar a la buena. Es mucho más fácil burlar la ley aprovechar los resquicios que hay para aventajar a los demás mediante prácticas regresivas como el financiamiento ilegal, sobre todo porque, finalmente, ninguno de estos delitos es debidamente castigado.
**María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com