María Luisa Arredondo.Cuando el 7 de julio del año pasado el gobierno mexicano anunció la puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur aseguró que el objetivo principal de éste era proteger a los migrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. Lo que no dijo fue que ese plan, que entre otras cosas trata de impedir el uso de trenes de carga para el transporte de migrantes, sería financiado por Washington.
Una nota publicada el domingo en The New York Times y firmada por la periodista Sonia Nazario revela que durante los pasados 15 meses, a solicitud del presidente Obama, México ha llevado a cabo una feroz ofensiva contra los centroamericanos que buscan escapar de la violencia de sus países para impedir que lleguen a territorio estadounidense y pidan asilo. A cambio, ha recibido millones de dólares de la Casa Blanca.
Todo indica que, hasta ahora, las autoridades mexicanas han cumplido con eficacia el encargo de Obama. Según Nazario, desde julio de 2014, México desplegó entre 300 y 600 agentes de inmigración a sus estados del sur y condujo más de 20 mil redadas para detener migrantes. Como resultado, en los primeros siete meses del año fiscal 2015, México detuvo a 92,889 centroamericanos, mientras que Estados Unidos aprehendió 70,448. Este año se espera que México arreste 70% más centroamericanos que en 2014. Al mismo tiempo se proyecta que las aprehensiones de Estados Unidos sean la mitad de las del año anterior, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria.
Aunque al anunciar el Plan de la Frontera Sur el gobierno mexicano dijo que la finalidad era evitar que los migrantes pusieran en riesgo su integridad al abordar “La Bestia” como se conoce a los trenes de carga que los transportan y combatir a los grupos criminales que vulneran sus derechos, en realidad ha ocurrido todo lo contrario.
Defensores de los derechos humanos, como el padre Alejandro Solalinde, han denunciado que desde la implementación del plan los abusos hacia los migrantes se han recrudecido. No sólo son víctimas del crimen organizado sino de las autoridades.
Tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos se niegan a reconocer esta realidad. Creen que solucionan el problema sólo con deportar a los migrantes, muchos de ellos menores que viajan solos y que están amenazados de muerte. En realidad el problema requiere acciones conjuntas entre todos los países involucrados para atacar las principales causas que motivan el éxodo: la miseria extrema y la brutal violencia de las pandillas. Y mientras se trabaja en esa dirección, el dinero de Washington debería usarse para proteger a los migrantes y combatir a los criminales que abusan de ellos.