
María Luisa Arredondo*
Gran parte de la sociedad los mira con indiferencia e incluso con desprecio. Para el gobierno federal son invisibles, a pesar de que su trabajo es esencial para el funcionamiento de este país. Son los que desde antes del amanecer van a los campos agrícolas para sembrar y cosechar nuestros alimentos, los que pasan largas horas en las fábricas, en la construcción de obras, en el cuidado de niños y ancianos, en las cocinas de restaurantes, en el mantenimiento de parques públicos y jardines privados. La lista de trabajos que hacen es inmensa, pero no goza de reconocimiento alguno porque son indocumentados.
Esta falta de reconocimiento ha causado una de las mayores injusticias de nuestro tiempo: la de haberlos dejado completamente abandonados durante esta pandemia. El gobierno de Donald Trump les ha negado todo tipo de apoyo y asistencia federal, pese a que contribuyen con más de 1.67 billones de dólares a la economía de Estados Unidos mediante su trabajo, el pago de impuestos y el consumo de productos y servicios.

La indefensión en la que se les ha dejado no solamente les ha perjudicado directamente a ellos y a sus familias, sino al país entero. Un estudio dado a conocer por el Latino Policy and Politics Initiative de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que a Estados Unidos le costará unos 14 mil millones de dólares dejar sin apoyo económico a este grupo.
El informe de UCLA revela también que el desempleo entre los trabajadores indocumentados ascendió al 29% en mayo. Es el porcentaje más alto de todos los sectores demográficos del país. La situación para los indocumentados es aún más grave porque son los que reciben los salarios más bajos y los que están expuestos a más riesgos de contagio por el coronavirus debido a la naturaleza de sus trabajos.
Si se considera que muchos de estos indocumentados tienen familias de estatus mixto porque tienen hijos nacidos en Estados Unidos, es claro que el hecho de que se les excluya de los programas de asistencia federal afecta a niños que son ciudadanos o residentes legales, lo que representa un acto de abierta discriminación contra ellos.
El impacto negativo seguramente también se sentirá en los países de donde proviene la mayoría de los indocumentados, como el caso de México. Aunque las cifras más recientes indican que las remesas no sólo se han mantenido, sino que incluso han crecido con respecto a los niveles de años anteriores, si el desempleo se agrava, los trabajadores no podrán enviar la ayuda que requieren sus familias en sus países de origen. Esto podría agravar la necesidad de migrar hacia el Norte.
En conjunto, todos estos factores hacen evidente que incluir a los trabajadores indocumentados en los programas de ayuda federal no solo es un acto de justicia sino de conveniencia para el país. Lástima que el actual ocupante de la Casa Blanca tenga una perspectiva tan distorsionada para reconocer esta realidad.
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com