
María Luisa Arredondo*
El país entero está de luto y no es para menos. La masacre del pasado domingo en Las Vegas nos ha dejado horrorizados y estupefactos. Todos nos preguntamos qué pudo haber llevado a Stephen Paddock a cometer lo que es hasta ahora el peor tiroteo en la historia de Estados Unidos, con 59 muertos y más de 500 heridos.

La respuesta probablemente nunca la sabremos. Hasta ahora, la poca información que se tiene de Paddock no corresponde al perfil típico de lo que las autoridades estadounidenses consideran un terrorista con lazos internacionales. Los medios lo han calificado como un “lobo solitario” porque era un hombre blanco, adinerado, de 64 años, sin antecedentes penales y aparentemente sin filiación política ni religiosa. Pero muchos especulan que sin duda tenía graves problemas mentales que podría haber heredado de su padre, quien estuvo preso por asaltar bancos.
Lo cierto es que a lo largo de los años Paddock pudo adquirir legalmente un verdadero arsenal. Tan solo en su cuarto de hotel y en su casa la policía encontró en total 42 armas, entre ellas al menos un rifle automático, explosivos y miles de municiones, así como varias libras de nitrato de amonio, un material que se usa para fabricar explosivos.
Y es aquí donde muchos cuestionamos cómo es posible que en este país un individuo pueda adquirir sin problemas tal cantidad de armamento.
En Washington, sin embargo, no hay voluntad para reabrir el debate sobre el control en la venta de armas. Luego de la matanza, la Casa Blanca anunció que son momentos de duelo, no de discutir si se debe cambiar la política actual relacionada con las armas. Numerosos legisladores enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas, pero han omitido opinar qué se puede y debe hacer para prevenir estas tragedias.
La razón de este silencio es obvia: muchos de esos políticos, especialmente republicanos, han recibido miles de dólares de la Asociación Nacional del Rifle para mantener y aprobar leyes favorables a esa agrupación. En estos días, por ejemplo, se discute nada menos que un proyecto de ley que facilitaría la compra de silenciadores para armas, lo que prevendría que las víctimas escuchen de dónde provienen los tiros de sus atacantes.
El tema mantiene sumamente dividido al país. Quienes defienden las armas aseguran que éstas no matan sino la gente que hace mal uso de ellas. Es claro, sin embargo, que se requiere una discusión a fondo sobre el asunto porque los tiroteos se han convertido en el pan nuestro de cada día. La organización Everytown for Gun Safety ofrece un dato escalofriante: En EEUU la tasa de homicidios con armas de fuego es 25 veces más alta que en la de cualquier otro país desarrollado.
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com