María Luisa Arredondo.*María Luisa Arredondo
Hace unos días, Donald Trump anunció por Twitter que el acuerdo al que había llegado para saldar por $25 millones las demandas de la Universidad Trump había sido una gran victoria.
“Resolví las demandas de la Universidad Trump por una pequeña parte de la adjudicación potencial porque como Presidente tengo que concentrarme en nuestro país”, escribió.
Trump tomó, efectivamente, la decisión acertada de buscar un acuerdo en lugar de irse a juicio porque su nuevo cargo es más importante que cualquier demanda civil que enfrente. Pero el convenio no resultó tan positivo para sus intereses como él lo quiere presentar.
Expertos legales como el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien representaba a los demandantes, consideran que el acuerdo fue, por el contrario, un enorme revés para Trump debido a que por años se había negado a pagar un céntimo a las víctimas de su “universidad”.
Como lo han reportado varios medios, entre ellos la revista Newsweek, a lo largo de los años Trump se ha especializado en enfrentar las demandas en su contra mediante todo tipo de tácticas que incluyen la negación de todos los cargos, la destrucción de expedientes y apelaciones constantes que finalmente obligan a los demandantes a darse por vencidos sin recibir compensación alguna.
En este sentido, la indemnización por $25 millones a los exalumnos de la Universidad de Trump no sólo sienta un precedente sino que muestra que el mandatario electo podría ser encontrado culpable en este tipo de demandas.
El juez Gonzalo Curiel, que estaba a cargo del caso y fue descalificado por Trump sólo por ser hijo de padres mexicanos, había determinado que existían pruebas suficientes que incriminaban al presidente electo en el fraude de la Universidad Trump.
De acuerdo con Curiel, Trump participó personalmente en la operación y el manejo de esa empresa, que ni siquiera contaba con licencia como institución educativa y vendía hasta por $35,000 cursos que no ofrecían lo que prometían.
Estos delitos no son menores. Constituyen un fraude y un chantaje sistematizado que podrían ser causa para enjuiciar a un presidente, aun cuando hayan sido cometidos antes de tomar posesión de su cargo.
Aunque el caso de la Universidad Trump se ha cerrado, no debe olvidarse que el presidente electo enfrenta muchas otras demandas y posibles conflictos de interés.
Trump ha admitido que ha tenido reuniones en las que ha mezclado sus negocios personales con asuntos políticos, pero no ve problema alguno. Considera que la ley está del lado de los mandatarios y que éstos están exentos de cualquier conflicto de interés. Sólo habría que recordarle que Richard Nixon dijo lo mismo en su tiempo y poco después se vio obligado a renunciar.
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com