*María Luisa Arredondo
Durante su campaña electoral, una de las promesas que más entusiasmaba a los seguidores de Donald Trump era que, de llegar a la Casa Blanca, nombraría a un fiscal especial para investigar a Hillary Clinton por el manejo inapropiado de sus correos electrónicos. La multitud delirante respondía que la excandidata demócrata debería ser encerrada en la cárcel.
Hoy Trump ha dado marcha atrás porque, de la noche a la mañana, Hillary pasó de ser una mujer deshonesta, según sus propias palabras, a un ejemplo de servicio al país. “No quiero dañar a los Clinton porque son buenas personas”, dijo en una reciente entrevista.
Pero la nueva actitud de Trump hacia los Clinton podría estar motivada, más que por uno de sus típicos cambios de opinión, por el hecho de que él mismo enfrenta un complicado panorama legal debido a una serie de al menos 75 demandas civiles en su contra.
Las más inmediatas son dos demandas federales colectivas sobre el supuesto fraude de la Universidad Trump que presidirá el juez Gonzalo Curiel, cuya imparcialidad fue puesta en entredicho por Trump sólo porque el magistrado es de origen mexicano. Una de las demandas está programada para el 28 de noviembre.
Los abogados de Trump han solicitado, sin éxito, que el juicio se posponga. El juez Curiel se ha negado a dar una nueva fecha para el juicio, pese al argumento de que el presidente electo no debe distraerse del crítico trabajo que implica prepararse para tomar las riendas del país. Los abogados de Trump aseguran que éste “no busca quedarse en este caso de manera indefinida o hasta el final de su mandato”.
No obstante, quienes han seguido la trayectoria de Trump afirman que esto es justamente lo que ha hecho en el pasado el presidente electo. Un reportaje de la revista Newsweek indica que en el curso de las últimas cuatro décadas, las compañías de Trump han destruido de manera sistemática miles de correos electrónicos y documentos que las cortes habían requerido como parte de lo procesos.
La estrategia legal de Trump, según Newsweek, ha sido simple pero efectiva: negar, impedir y retrasar los juicios mediante la destrucción de expedientes. Esto ha dado como resultado que sus demandantes gasten enormes sumas en costos legales mientras tratan de obtener, sin éxito, los documentos que necesitan para proseguir con los juicios.
Los abogados de los demandantes en el caso de la Universidad Trump temen, con toda razón, que este esquema se repita y finalmente nunca se haga justicia. Con el tiempo, el caso perderá fuerza y quedará en el olvido. La pregunta que muchos nos hacemos ahora es que, si como empresario Trump logró burlar por décadas al sistema judicial, ¿qué no hará cómo presidente de la nación más poderosa del planeta?
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com