María Luisa Arredondo.A cuatro meses de la tragedia de Ayotzinapa es claro que el movimiento que pide justicia para los jóvenes desaparecidos perseguirá al gobierno de Peña Nieto hasta el final de sus días e incluso más allá.
Como lo demostró el rechazo total que produjo entre los padres de los estudiantes y quienes los apoyan la confirmación oficial de que los normalistas están muertos, cualquier posibilidad de diálogo entre los representantes del movimiento y los funcionarios del gobierno está cancelada. Jamás llegarán a un acuerdo por la sencilla razón de que la administración de Peña Nieto ha perdido totalmente la credibilidad, no sólo ante los familiares de los jóvenes, sino ante vastos sectores de la población.
El malestar crece a diario por la enorme serie de incongruencias y fallas de las autoridades en la investigación del caso. El procurador federal Jesús Murillo Karam insiste en que los jóvenes fueron asesinados y cremados pero hasta ahora no ha podido responder a quienes cuestionan que científicamente es imposible incinerar los cuerpos de 43 personas al aire libre con unos cuantos neumáticos y maderas. Despierta también cada vez más sospechas que el gobierno se niegue a seguir la línea de investigación que apunta hacia la probable participación del Ejército en la desaparición forzada de los estudiantes, pese a los numerosos testimonios que existen sobre el particular. De igual manera levanta suspicacias que hasta ahora no se mencione al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como una de las figuras clave para esclarecer los hechos.
Representantes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado también que no se puede confiar en los resultados de la investigación de Ayotzinapa porque es bien conocido que las autoridades mexicanas acostumbran torturar a los detenidos para que confiesen.
A las dudas contribuye el mal manejo oficial que se ha dado al caso Tlatlaya, donde ahora se sabe que estuvieron involucrados dos generales del Ejército y miembros de la Marina.
Y, por si fuera poco, están los continuos escándalos por las casas que compró Peña Nieto a empresarios que después se convirtieron en importantes contratistas de su gobierno. Aunque para todo el mundo se trata de operaciones en las que existe un claro conflicto de interés, los voceros del presidente insisten en que no se trató de nada ilegal y de ahí nadie los mueve.
La reticencia del presidente a investigar a fondo los abusos en que ha caído su administración y a sancionar a los culpables ha provocado que su imagen se desgaste cada vez más, tanto a nivel interno como en el exterior.
El reciente artículo de la influyente revista The Economist, titulado “El pantano mexicano” refleja muy bien el desencanto que hay hacia el gobierno de Peña Nieto. A diferencia de hace unos meses, cuando la publicación elogiaba al mandatario por las reformas estructurales que había aprobado su gobierno, hoy todo son ataques. Se le fustiga por su desconexión con la realidad, por su terquedad para entender la gravedad de la situación del país y por su negativa a rendir cuentas. En una palabra, por no estar a la altura de las circunstancias, algo que millones de mexicanos saben de sobra.