María Luisa Arredondo.Hace apenas tres meses el pequeño municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, era prácticamente desconocido a pesar de que desde hace años es un centro de intensa actividad criminal donde se practican cotidianamente el narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Hoy ese enclave está en el centro de la atención internacional debido a un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes que ha puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Como se ha reportado ampliamente, la relativa oscuridad en la que transcurría la vida de ese poblado, que tiene sólo 33 mil habitantes, se rompió abruptamente el pasado 30 de junio debido a un cruento enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes que ha puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el enfrentamiento se produjo cuando un grupo de soldados que hacía un rondín vio una bodega custodiada por personas armadas. Al acercarse, fueron recibidos a balazos. El saldo fue de un militar herido y 22 delincuentes muertos, entre ellos una jovencita de 15 años.
En su escueto informe, la Sedena agregó que en la bodega se fabricaban metanfetaminas y que se encontraron 38 armas, así como tres mujeres que estaban secuestradas.
Pero la versión de la Sedena no convenció a todos. Varios medios de comunicación empezaron a indagar más, entre ellos la revista Esquire y la agencia AP, que entrevistaron a una mujer testigo de la matanza, quien afirma que, con excepción de un civil que falleció en el tiroteo, los soldados mataron a todos los demás cuando ya se habían rendido. Es decir, los ejecutaron.
Como era de esperarse, la publicación de este testimonio, que corresponde a la madre de la jovencita acribillada, ha levantado un escándalo de proporciones mayúsculas que ha trascendido las fronteras mexicanas. Tanto el Departamento de Estado de este país, como las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido al gobierno mexicano que investigue lo ocurrido. En su reciente visita a Nueva York, el propio Peña Nieto tuvo que prometer que su administración no se quedará cruzada de brazos.
Pese a este promesa, la experiencia indica que difícilmente el gobierno tendrá verdadera voluntad política para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, en caso de que los haya. En primer lugar porque, debido a la corrupción que impera entre los cuerpos policiacos, se han dejado en manos del ejército todas las tareas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada. Y el aceptar que las fuerzas armadas cometen abusos a los derechos humanos al llevar a cabo este trabajo debilitaría la credibilidad de esta institución y, por ende, la estrategia gubernamental en este renglón.
Sin embargo, Peña Nieto debería reconocer que a su administración tampoco le conviene que vuelvan a darse este tipo de situaciones. No sólo empañan la imagen del ejército sino también la de su presidencia. La ciudadanía está cansada ya de tanta mentira, corrupción, abusos y atropellos de quienes detentan el poder sin que nadie resulte castigado.
Esta vez Peña Nieto está obligado a cumplir su palabra. De no hacerlo, el caso Tlatlaya se convertirá en un fantasma que manchará para siempre su gestión y hará más difícil aún su lucha contra el crimen organizado.