El equipo de reformistas en Cudahy. De izquierda a derecha, Jack Guerrero, Chris García y Barú Sánchez. Foto: cortesía.María Luisa Arredondo
Luego de ser electos el pasado 5 de marzo para ocupar tres puestos vacantes del Concejo de Cudahy, los integrantes del llamado grupo de los reformistas, Jack Guerrero, Chris García y Barú Sánchez, prometieron gobernar con total transparencia y terminar con la corrupción. Pero para cumplir esa tarea los nuevos funcionarios aseguran ahora que se requiere una auditoría de las finanzas de esa pequeña ciudad del sureste angelino, conocida por los múltiples abusos de administraciones pasadas.
En una carta fechada el pasado 23 de mayo, Guerrero y García, que se desempeñan como alcalde y vicealcalde respectivamente, le solicitan al contralor de California, John Chiang, que lleve a cabo una auditoría sobre los controles financieros de la ciudad para asegurarse que funcionan adecuadamente.
La carta, dirigida también al senador Ricardo Lara y al asambleísta Anthony Rendón, indica que la auditoría es indispensable por la historia bien documentada de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios anteriores y ciertas deficiencias observadas en los controles internos del manejo financiero de la ciudad.
“Los resultados de una investigación independiente ofrecerían una retroalimentación autorizada, útil y largamente esperada en áreas críticas, al tiempo que restaurarían la confianza de la gente”, señala Guerrero en la misiva.
García, por su parte, manifiesta que “la comunidad demanda un auditoría de verdad independiente que sólo la contraloría estatal puede abordar, dada su autoridad regulatoria y jurídica”.
En respuesta, los voceros de la contraloría estatal han señalado que están en el proceso de revisar la solicitud y en contacto directo con las autoridades de Cudahy, pero no han asegurado si efectuarán la auditoría.
La oficina de Chiang ha llevado a cabo con anterioridad auditorías de agencias gubernamentales, entre ellas la de Bell, donde el verano de 2010 estalló un escándalo de grandes proporciones al descubrirse que varios de los más altos funcionarios de la ciudad habían saqueado las arcas públicas para pagarse a sí mismos sueldos fuera de proporción.
Sin embargo, los voceros de la contraloría estatal aclaran que el caso de Bell fue único por la magnitud del saqueo. Y añaden que la solicitud para auditar Cudahy es una de cientos que reciben sus oficinas. Advierten, además, que la contraloría del estado sólo tiene autoridad para revisar cómo se utilizan los fondos estatales y federales.
García espera que, pese a los obstáculos, finalmente la auditoría se haga puesto que “nuestra comunidad no puede esperar más a que haya una evaluación con credibilidad de esta área”.
Cudahy, que es la segunda ciudad más pequeña de Los Ángeles y está habitada en su mayoría por latinos de clase trabajadora, se ha visto estremecida en los últimos años por sonados escándalos de corrupción.
Uno de los más recientes ocurrió en junio de 2012, a raíz de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) descubrió un vergonzoso episodio de soborno protagonizado por el exalcalde David Silva, el exadministrador Ángel Perales y el exconcejal Osvaldo Conde.
Los tres fueron arrestados y acusados por el FBI de haber aceptado 17 mil dólares en sobornos a cambio de dar su apoyo para la apertura de un dispensario de marihuana dentro de la ciudad
Perales fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, A Silva se le condenó a un año de cárcel y a Conde a tres años en una prisión federal.
Cudahy tiene también una larga historia de delitos relacionados con procesos electorales.
A raíz de su detención, Perales confesó a las autoridades que en las elecciones de 2007 y 2009, él y otros empleados de la ciudad manipularon los votos para beneficiar a los candidatos que ya estaban en el poder, a solicitud de un funcionario al que sólo se ha identificado como G.P., pero que las autoridades creen que es el exadministrador de Cudahy, George Pérez.
A pesar de que no está formalmente acusado de delito alguno, Pérez es el protagonista principal de varios escándalos de corrupción en Cudahy que están aún bajo investigación.
Entre estos casos están las denuncias de varios candidatos a concejales en esa ciudad que tuvieron que renunciar a sus intenciones de ingresar a la política, tras haber sido amenazados, al parecer por Pérez y el grupo que le rodeaba.
Debido a estos escándalos, en los comicios del pasado 5 de marzo perdió el grupo integrado por quienes estaban en el poder: Josué Barrios, Rubén Piraval e Issac Velásquez.
Se considera que ese proceso electoral fue el más transparente en años gracias a que lo manejaron directamente las autoridades del condado de Los Ángeles, no las de la ciudad, como ocurría con anterioridad.