Maribel Hastings*
Orlando, Florida.– En la Iglesia Bautista New Covenant, el grupo reunido –integrado en su mayoría por líderes comunitarios, religiosos y activistas– no era numeroso, pero sí muy determinado. Esa noche sus miembros tenían motivos para celebrar: un juez federal había bloqueado algunas de las secciones de la ley electoral HB 1355 de Florida, promulgada en 2011 por el gobernador republicano Rick Scott, sumándose a leyes similares a través del país, que en la práctica buscan suprimir el voto de las minorías de cara a las elecciones de noviembre.
Para Denise Velázquez, directora ejecutiva de State Voices de Florida, la intención de la HB 1355 y de otras similares es muy clara: “Lo que se hizo fue a propósito. No fue ningún error. Como nuestras minorías salieron a votar en 2008 y lo hicieron en números sin precedentes, se busca la forma de evitar que eso vuelva a repetirse”.
Cuatro años más tarde, el entusiasmo electoral no es comparable, de momento, al de 2008. Pero como si no fuera suficiente superar la apatía que aqueja a muchos electores de minorías en el presente ciclo electoral, los grupos dedicados a registrar y movilizar votantes enfrentan la ola de restrictivas leyes electorales en diversos estados, promovidas sobre todo por legislaturas republicanas y promulgadas por gobernadores también republicanos, que en nombre de combatir el presunto fraude electoral tienen el potencial de evitar que más minorías ejerzan su derecho a votar. Una tormenta perfecta para suprimir el voto.
“Más de cinco millones de estadounidenses podrían verse afectados por las nuevas reglas que ya están en vigor este año, una cifra mayor al margen de victoria de dos de las últimas tres elecciones presidenciales”, concluyó un análisis del Brennan Center for Justice de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Nueva York.
Según el análisis, en 2011 se presentaron 180 proyectos electorales restrictivos en 41 estados de la Unión: 34 estados presentaron medidas para requerir que se muestre identificación con foto para votar, y cuatro también presentaron medidas para requerir identificación con foto para registrarse; cuando menos 17 estados presentaron legislación que requiere prueba de ciudadanía, como un certificado de nacimiento, para registrarse para votar y se aprobaron en tres estados: Alabama, Kansas y Tennessee, explicó el Centro Brennan. Y cuando menos 16 estados presentaron medidas para restringir el registro de votantes.
El análisis agrega que de los 180 proyectos presentados desde comienzos de 2011, se han aprobado 23 y dos órdenes ejecutivas.
Según el Centro Brennan, “15 estados han aprobado leyes electorales restrictivas que tienen el potencial de afectar la elección de 2012, estados que representan 210 votos electorales o 78% del total requerido para ganar la presidencia”.
Al presente hay 47 proyectos restrictivos pendientes de ser considerados en 12 estados.
El pasado jueves el juez federal Robert Hinkle bloqueó algunas de las porciones más onerosas de la ley electoral de Florida HB 1355, incluyendo la sección que solo otorga 48 horas a los grupos dedicados al registro de votantes para someter al estado la información recabad,a so pena de enfrentar severas multas. Antes tenían 10 días. Según el juez, la ventana de 48 horas impone fuertes restricciones a los grupos y “permitir que organizaciones responsables conduzcan eventos de registro de votantes, facilitándole a los ciudadanos registrarse y votar, promueve la democracia”.
De otra parte, el mismo día del fallo, el Departamento de Justicia le envió una carta al secretario de Estado de la Florida, advirtiéndole que el programa promovido por el estado para purgar las listas electorales y dar con votantes inelegibles podría estar violando leyes electorales federales.
The Miami Herald reportó el viernes que el estado ha identificado a 2,700 votantes inelegibles y “alrededor de 58% de los potenciales votantes inelegibles que fueron detectados son hispanos, la mayor población de inmigrantes de la Florida. Los hispanos son el 13% de los 11.3 millones de votantes inscritos activos. Los votantes independientes y demócratas son los que tienen más probabilidades de ser purgados. “Los republicanos y los blancos no hispanos son los que tienen menos posibilidades”, escribió el diario.
Según José Balasquide, director estatal en Florida de Mi Familia Vota, organización dedicada a la educación, registro y movilización de votantes, las iniciativas en Florida son retrógadas e innecesarias “cuando no han podido demostrar fraude premeditado”.
“Si no hay pruebas, me parece que es un tipo de estrategia para quitar el interés de la comunidad en participar del proceso electoral y a organizaciones como la nuestra de seguir persuadiendo y promoviendo la participación electoral de la comunidad latina”, explicó Balasquide.
“Los esfuerzos son más difíciles. Hay que trabajar más rápido y con más personal y es más costoso. Será más difícil, pero no nos van a detener”, afirmó Balasquide.
Velázquez coincide. Su grupo forma parte de una amplia coalición estatal que a pesar de los obstáculos ha registrado a 23,000 votantes en el Sur y Centro de la Florida desde el pasado 1 de marzo.
“Estamos peleando en tres fronteras: para que se cambien estas leyes electorales; para seguir haciendo nuestro trabajo con base en las leyes existentes, y para defender el derecho de nuestra comunidad a votar”, indicó Velázquez.
La activista reconoce que a cuatro años de la elección de 2008, los votantes hispanos han sido afectados por el desempleo, los embargos hipotecarios y la falta de reforma migratoria y que eso ha incidido en la falta de entusiasmo.
“La frustración se entiende totalmente. Pero el voto no representa a un candidato o un presidente. Representa las leyes que queremos que nuestras legislaturas y nuestro presente impulsen. Eso se llama participación cívica. Sentándose en casa con la frustración no lo van a solucionar”.
Y menos aún cuando hay intentos de evitar que voten. “Tenemos que estar muy vigilantes”, concluyó Velázquez.
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*Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice