
México, D.F. (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció amenazas de muerte contra los indígenas que habitan la comunidad del Valle del Río San Pedro, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, y pidió a las autoridades adoptar medidas inmediatas de protección.
En un mensaje de “acción urgente”, dirigido a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del gobierno de Oaxaca, Alejandro Poiré y Gabino Cué, respectivamente, la ONG solicita medidas para proteger a los residentes del Valle del Río San Pedro, 76 personas de familias indígenas triquis.
La comunidad, ubicada en el municipio de Putla de Guerrero y próxima a otro municipio conflictivo, San Juan Copala, recibió el 19 de mayo pasado un mensaje anónimo abandonado en la calle principal de la localidad.
“Malditos indios, lárguense con sus muertos, sáquense a la chingada con todo y sus derechos humanos. Apenas comenzamos la fiesta, pronto habrá comida para los zopilotes (buitres)”, indicó el mensaje de amenaza.
Tras ello el 29 de mayo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas de protección efectiva en la zona al aobierno mexicano, señala la ONG.
En mayo pasado, tres hombres fueron asesinados a tiros por sujetos armados que irrumpieron en la comunidad.
Según AI, las agresiones sufridas proceden tanto “de hombres armados no identificados” como de “operaciones fallidas emprendidas por la policía estatal de Oaxaca en febrero de 2010 y en enero de 2012 para desalojar forzosamente a las familias”.
AI solicita, asimismo, a sus activistas que exijan a las autoridades en México “una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la amenaza dirigida contra la comunidad”, y que se indaguen “homicidios previos sin resolver” en la zona.
La ONG considera que la situación de tensión que prevalece en la zona pone a la comunidad frente a un “grave peligro de sufrir nuevos ataques”.
Históricamente, la zona triqui de Oaxaca, una de las más pobres de México, lleva muchas décadas sufriendo violencia y desatención y durante ese tiempo se ha acusado a las autoridades locales de tolerar a grupos armados o actuar en connivencia con ellos para mantener el control político, sostiene AI.
Entre los crímenes más sonados ocurridos en esta región se destaca el del 27 de abril de 2010, cuando sujetos armados mataron a los activistas Beatriz Alberta “Bety” Cariño Trujillo y al finlandés Jyri Jaakkola.