María Luisa Arredondo
El escándalo que sacude al Instituto Nacional Electoral (INE) va más allá de la renuncia de quien fuera su presidenta, Guadalupe Taddei. Esta crisis no solo pone en entredicho la gestión de quien estuvo al frente de esa institución sino que obliga a revisar las estructuras de poder, los mecanismos de vigilancia y la actuación de los funcionarios responsables de garantizar la transparencia de uno de los organismos fundamentales de la democracia mexicana.
La renuncia de Taddei, por sí sola, no resuelve el problema. Si los actos de corrupción que la enriquecieron a ella y a su familia mediante contratos ilegales ocurrieron bajo su administración, es indispensable investigar no solo a quienes presuntamente fueron sus cómplices, sino también a quienes tuvieron responsabilidades de supervisión y permitieron que los mecanismos de control no detectaran oportunamente lo que estaba sucediendo.
Uno de los aspectos más preocupantes es la actuación del Órgano Interno de Control. ¿Cómo es posible que una institución encargada de vigilar el uso de miles de millones de pesos de recursos públicos no haya detectado a tiempo las presuntas irregularidades? Es vergonzoso que la ciudadanía se haya enterado a través del trabajo periodístico de varios medios, entre ellos Latinus, Reforma y El Universal.
Hay que destacar que la investigación no debe detenerse en Taddei. Es necesario revisar las decisiones administrativas, los contratos y los nombramientos realizados durante su gestión. Los funcionarios que hayan participado en irregularidades o hayan incurrido en responsabilidades deben ser separados de sus cargos y sancionados conforme a la ley. La revisión debe alcanzar también a quienes recibieron atribuciones extraordinarias durante su presidencia. Ninguna persona que encabece el INE debería disponer de facultades que permitan concentrar tanto poder y debilitar los contrapesos internos.
Por otra parte, la salida de Taddei debe abrir una discusión más amplia sobre el diseño institucional del INE. Durante su presidencia se concentraron facultades que ahora deben revisarse. Es urgente devolverle al Consejo General su capacidad de decisión colegiada, fortalecer los contrapesos y establecer límites claros a las atribuciones de quien ocupe la presidencia.
Y hay algo que debe subrayarse: la renuncia de Taddei no la exime de rendir cuentas. La Auditoría Superior de la Federación y las autoridades competentes deben investigar a fondo su actuación, sus posibles vínculos con proveedores y cualquier indicio de conflicto de interés o utilización indebida de recursos públicos. Si las investigaciones acreditan la comisión de delitos, deberá enfrentar los procesos penales correspondientes y, de ser declarada culpable, recibir las sanciones que establece la ley, incluida la prisión.
El reto es mayúsculo porque el INE no es una dependencia gubernamental cualquiera. Es una institución cuya credibilidad resulta indispensable para garantizar elecciones confiables, equitativas y transparentes. Durante décadas, los mexicanos lucharon para construir una autoridad electoral con autonomía suficiente para organizar comicios sin la intervención del gobierno en turno. Ese patrimonio democrático no puede quedar comprometido por los errores, las ambiciones o los presuntos actos de corrupción de quienes tuvieron la responsabilidad de protegerlo.
La nueva presidencia provisional, encabezada por Blanca Cruz, y quienes después asuman la conducción del organismo tendrán que demostrar que hay voluntad política enmendar los errores cometidos.
Recuperar la confianza ciudadana será una tarea larga y complicada. El daño no se repara con una renuncia ni con el nombramiento de una nueva presidenta. Se requiere demostrar que nadie está por encima de la ley y que los recursos públicos no son patrimonio de quienes ocupan cargos de poder.
El INE debe limpiar su casa, pero también demostrar que puede vigilarse a sí mismo. De lo contrario, el escándalo que hoy sacude a la institución podría convertirse en una crisis de credibilidad mucho más profunda, precisamente cuando México necesita un árbitro electoral independiente, confiable y capaz de garantizar la voluntad de los ciudadanos.