María Luisa Arredondo*
La 4T se presentó como un proyecto para terminar con las prácticas del pasado. Prometía acabar con el influyentismo y la corrupción que caracterizaron a los gobiernos anteriores. En ese marco, la ciudadanía recibió una visión de cambio basada en normas más claras y rendición de cuentas.
Sin embargo, hoy esa promesa ha quedado olvidada. La administración federal muestra una fractura por la falta de voluntad de investigar las sombras dentro de su movimiento. Esta división afecta la credibilidad del gobierno y dificulta avanzar reformas necesarias.
El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia indefinida de Sinaloa, se ha transformado en un lastre político de dimensiones gigantescas. Las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado —impulsadas desde instancias judiciales en Estados Unidos— colocaron al gobierno federal en una encrucijada cuando Rocha decidió por voluntad propia regresar al poder. Aunque la dirigencia de Morena y la presidenta se opusieron de manera categórica, la respuesta institucional se ha quedado a mitad de camino.
La narrativa oficial se escuda en la ausencia de pruebas formales presentadas por agencias extranjeras para no extraditarlo ni a él ni a los otros nueve señalados por la justicia estadounidense. Entre ellos está el senador Enrique Inzunza, quien se apartó de la bancada morenista, pero mantiene su escaño de forma independiente para conservar su fuero.
La postura pasiva del gobierno federal erosiona el discurso anticorrupción. Al evitar indagar a las figuras señaladas dentro del oficialismo, la administración de Sheinbaum envía el mensaje de que la justicia es selectiva. Esto no solo afecta al partido gobernante; también debilita la credibilidad institucional de México y su posición diplomática.
A este panorama se suma la controversia en torno a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO al que recientemente le quitaron la visa estadounidense. Las revelaciones sobre sus vínculos con el huachicol fiscal son tema de debate. También se cuestionan los contratos que otorgó a sus amigos para obras emblemáticas del gobierno de su padre. Estos señalamientos ameritarían que se le abriera una carpeta de investigación.
Pero todo indica que, para la 4T, eso sería una verdadera traición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que su prioridad es blindar el legado de su antecesor. Es una postura que refleja el compromiso con su mentor político.
Hasta ahora, aunque ha perdido varios puntos de aprobación, la presidenta ha logrado mantener su popularidad alta. Pero es evidente que la confianza de la ciudadanía en el gobierno se deteriora a grandes pasos. Cada vez hay menos esperanza de que se haga justicia y se castigue a todos aquellos políticos y funcionarios de la 4T que han incurrido en actos de corrupción. Solo se investiga y se mete a la cárcel a los de la oposición, como es el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal. Este doble resero terminará por hundir la legitimidad de un proyecto que prometió ser distinto.
*María Luisa Arredondo es fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com