María Luisa Arredondo
El discurso de la soberanía nacional ha sido, históricamente, el refugio favorito de los gobiernos mexicanos cuando la presión externa aprieta donde más duele. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum recurre esa bandera al exigir a Estados Unidos “pruebas contundentes” antes de mover un dedo para detener con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya y a los otros nueve funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico. En el papel, la postura es institucional; en la práctica, parece una preocupante estrategia de blindaje.
El Departamento de Justicia de EE. UU. no suele lanzar dardos al aire cuando se trata de figuras de este calibre. Las acusaciones que vinculan a Rocha Moya con el presunto financiamiento ilícito de campañas a cambio de protección para el crimen organizado en Sinaloa no son solo rumores. Numerosas denuncias de la oposición e investigaciones periodísticas apuntan a que Morena llegó al poder en muchos estados gracias, en gran medida, a recursos de procedencia dudosa y a prácticas tan nefastas como el robo de urnas y amenazas a los rivales políticos.
Sheinbaum insiste en que “no encubre a nadie”. Sin embargo, la insistencia en desestimar las notas diplomáticas y los testimonios presentados por Washington como “simples dichos” parece ignorar una realidad política asfixiante. Si se comprueba que Rocha y el senador morenista Enrique Inzunza fueron los puentes entre el dinero del narco y las urnas, no solo caería un gobernador, sino la legitimidad moral de todo un movimiento que prometió ser “diferente”.
Mientras el gobierno mexicano se aferra a tecnicismos jurídicos para justificar su inacción, Donald Trump redobla su retórica de confrontación directa. Con amenazas explícitas de intervenir militarmente contra los cárteles si México no actúa, la “pausa” diplomática de Sheinbaum es una apuesta de altísimo riesgo.
La antipatía de Trump hacia México y su urgencia de anotarse triunfos políticos, especialmente ahora que la guerra contra Irán no ha salido como deseaba, son un acicate para que aumente la presión hacia los carteles y los políticos mexicanos que los apoyan. Al negar la extradición de figuras tan señaladas, el gobierno de Sheinbaum le está entregando al republicano el pretexto perfecto para justificar acciones unilaterales.
Si la verdadera razón para proteger a Rocha Moya es evitar que se destape la cloaca del financiamiento electoral en Morena, el precio que pagará México será altísimo. No solo se arriesga la estabilidad comercial y diplomática con su principal socio, sino que se envía un mensaje devastador a los mexicanos: que la ley es absoluta para el ciudadano común, pero negociable para el funcionario que “aporta” a la causa.
La soberanía se defiende con instituciones limpias y justicia interna, no convirtiendo al Estado en un despacho de abogados para políticos bajo sospecha. Si hay pruebas, que se actúe en consecuencia; pero si hay miedo a lo que esas pruebas revelen, entonces la soberanía es solo una excusa.