María Luisa Arredondo.María Luisa Arredondo*
Entre la larga lista de lastres que el gobierno de Peña Nieto le heredará a López Obrador destaca uno de particular relevancia para el funcionamiento cabal de la democracia: la falta de autonomía del poder judicial.
Como quedó al descubierto en el caso de Elba Esther Gordillo, en México el presidente maneja la justicia a su antojo. No existe, como lo consagra la Constitución, una auténtica división de poderes porque los integrantes del Judicial están subordinados al Ejecutivo, que puede enviar a la cárcel por el tiempo que desee a quien considere un enemigo, aunque carezca de bases legales para hacerlo.
La detención de Gordillo se dio precisamente en esas circunstancias. Peña Nieto tenía solo tres meses de haber asumido la presidencia y entre las reformas que había propuesto para modernizar al país estaba la educativa. Pero se encontró con un obstáculo: la oposición de Elba Esther.
Peña Nieto no lo pensó dos veces y optó por ordenar su detención en febrero de 2013. Se le acusó de delincuencia organizada y lavado de dinero. La opinión pública aceptó con agrado la noticia. Pese a su enorme poder, Gordillo era profundamente repudiada. Además de tener a la educación pública por los suelos, la maestra es conocida por sus componendas políticas y su falta de lealtad. Aunque hizo su carrera al amparo del PRI, no tuvo empacho en apoyar después a los panistas Fox y Calderón para que llegaran a la presidencia. Pero sin duda lo que más ofendía era su ostentoso estilo de vida: mansiones en San Diego, una costosa colección de arte, trajes Dior, zapatos Gucci y bolsas Louis Vuitton.
Durante más de cinco años, la maestra y sus abogados alegaron que estaba presa por razones políticas. Ahora, en el ocaso del gobierno de Peña, un magistrado federal les ha dado la razón. La Procuraduría General de la República no pudo probar en todo ese tiempo que Gordillo había cometido los delitos de lavado de dinero ni de delincuencia organizada porque los recursos que usó para su vida de lujos no eran ilícitos. Procedían del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y éste nunca presentó una querella en su contra. Adicionalmente se demostró que la Secretaría de Hacienda proporcionó información financiera de Gordillo sin tener autorización judicial.
El caso es un fuerte revés para Peña. Pese a ser la encarnación de la corrupción, la impunidad y el abuso, la maestra está ahora libre y podría darse el lujo incluso de demandar al gobierno que la encarceló por motivos políticos y la liberó por las mismas razones. No se sabe si intentará regresar a la dirigencia del SNTE o si tratará de cobrarle a López Obrador la factura por haberlo apoyado en su carrera por la presidencia a través de su familia. Muchos creen que su libertad se debe justamente a ello.
En cualquier caso, para AMLO la lección es clara y va más allá de Elba Esther: no se puede terminar con la corrupción y la impunidad si no existe un poder judicial fuerte y autónomo.
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora de Latinocalifornia.com