María Luisa Arredondo.La versión no es nueva. Días después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa empezaron a circular en las redes sociales y en medios independientes testimonios de los sobrevivientes del ataque que señalaban que el Ejército había tomado parte activa en la detención de los normalistas. Esa versión ha cobrado ahora nueva fuerza gracias a un reportaje publicado por la revista “Proceso”.
Basado en testimonios, videos y declaraciones judiciales, el reportaje de “Proceso” asegura que fuerzas federales participaron directamente en el atentado contra los estudiantes, lo cual contradice la versión de la Procuraduría General de la República. Según esta dependencia, los autores intelectuales del ataque fueron el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, quienes supuestamente le ordenaron a la policía municipal que entregara a los estudiantes a Guerreros Unidos para que los asesinara e incinerara.
Muchos han puesto en duda esta versión debido a numerosas inconsistencias, entre ellas que resulta difícil de creer que todos los jóvenes hayan sido cremados en un basurero con unas cuantas llantas y maderas. Hay quienes aseguran también que incluso la fatídica noche en que supuestamente ocurrió el crimen estuvo lloviendo a cántaros. A ello se agregan las numerosas evidencias sobre los nexos tan cercanos que existían entre Abarca y los altos mandos del Batallón 27 del Ejército, cuyo cuartel se ubica frente a un gran centro comercial propiedad del exalcalde. La Secretaría de la Defensa Nacional le donó a Abarca el terreno donde se erige esa plaza.
Según “Proceso”, todo indica que el ataque contra los estudiantes no fue una idea impulsiva de Abarca para impedir que los estudiantes boicotearan un acto político de su esposa sino parte de un plan dirigido a eliminar la estructura ideológica del plantel donde estudiaban los normalistas. De los 43 desaparecidos, uno pertenecía al Comité de Lucha Estudiantil y otros diez eran activistas del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).
El reportaje, como era de esperarse, ha contribuido a opacar más la imagen del Ejército. Aunque el gobierno mexicano se ha empeñado en resaltar la lealtad de esta institución son cada vez son más las quejas en su contra por sus constantes violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente es el de las ejecuciones de Tlatlaya. Pero la historia está plagada de ejemplos en los que los militares no han dudado en asesinar a inocentes: Tlatelolco, Corpus Christi, Aguas Blancas, y Acteal, por citar algunos.
En todos esos casos los militares actuaron por órdenes superiores. En el 68, el entonces presidente Díaz Ordaz aceptó la responsabilidad de la matanza bajo el argumento de que se trataba de salvar a México de una conjura internacional. Ahora empezamos a escuchar voces oficiales que hablan de un complot para impedir que se descarrilen las reformas de Peña Nieto. El gobierno, en cualquier caso, está obligado a aclarar si el Ejército estuvo implicado en Ayotzinapa.
**María Luisa Arredondo es la fundadora y directora general de Latinocalifornia.com