
“O aceptas esas condiciones, o te cerramos el negocio y no recibes un centavo más de Miami”.
Creo que esta sería la frase que le diría el gobierno de Raúl Castro a cada uno de los cuentapropistas que pudiese recibir recursos financieros enviados por empresarios cubanoamericanos desde Estados Unidos, si el presidente Barack Obama aceptase la petición que le ha hecho un grupo de importantes figuras de los negocios y la política.
La iniciativa a priori suena muy bien y hasta patriótica, formidable: suministrarle capital y tecnología a los cubanos de a pie para que puedan montar distintos negocios y de esa forma contribuir a que se conforme el sector privado pujante y autónomo que tan urgentemente necesita el país.
Pero resulta que es irrealizable. Así de simple. Los promotores de esta propuesta, o ignoran por completo cómo funciona la economía en Cuba, o simplemente quieren hacer negocios ahora y estar ya “dentro” de la isla para cuando mueran los Castro y se inicie el postcastrismo.
A mí por lo menos me parece demasiado obvio que la dictadura aceptaría el apoyo económico a los cuentapropistas desde EE.UU únicamente si pudiese obtener ganancias infinitamente superiores a las que recibirían los cubanos emprendedores. Es muy ingenuo pensar otra cosa.
No sólo la nueva Ley de Inversión Extranjera, promulgada a fines de marzo pasado, excluye la posibilidad de que los cubanos residentes en la isla puedan invertir, “porque no tienen capital” –como argumenta el gobierno–, sino que en el caso de que pudiesen recibir financiamiento o equipamiento desde el extranjero tampoco lo podrían invertir porque lo prohíbe en forma absoluta el Partido Comunista (PCC).
Los “Lineamientos” económicos, aprobados en 2011 por el VI Congreso del PCC, establecen: “No se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas (negocios privados) o naturales” (individuos).
Dicho en otras palabras, en Cuba no se puede crear capital nacional privado. No hay otro país en la Tierra, excluyendo a Corea del Norte, en el que se impida a sus ciudadanos crear riquezas, acumular capital y progresar. Ese precisamente es uno de los mayores absurdos que presentan las “reformas” raulistas, que nada tienen que ver con China o Vietnam.
Si alguien en la isla quiere ampliar un tallercito de reparación de calzado para comenzar a producir zapatos en pequeña escala y avanzar en el negocio, no puede aunque le llueva todo el dinero del mundo desde el extranjero. Su timbiriche no podrá crecer. Tampoco el propietario de una “paladar” (restaurante privado) puede progresar, pues el Estado sólo autoriza que tenga un máximo de 50 sillas, no importa todo lo que le puedan enviar Carlos Saladrigas u otros cubanoamericanos.
Lo único positivo que veo en esto es que cubanos que hoy no tienen su propio negocito por falta de dinero, tal vez podrían abrir uno. Eso sí, sabiendo que no van a poder prosperar porque el régimen no se los va a permitir, y que apenas obtendrán recursos para pagar los impuestos abusivos que les impondrán. No obstante, sin duda eso sería bueno. Algo es algo.
Quienes solicitan a Obama que permita inyectar capital a los cuentapropistas tienen razón en cuanto a que la economía cubana necesita urgentemente de un sector privado que dé empleo al 43% de los 4.2 millones de empleados del Estado, unos 1.8 millones de trabajadores que son innecesarios según un estudio oficial. La economía isleña no saldrá de su devastadora crisis endémica mientras no se liberen las fuerzas productivas.
Burguesía cívico-militar
Lo que pasa es que los Castro no quieren tal libertad económica para sus ciudadanos, sino edificar una nueva burguesía cívico-militar que trascienda la partida biológica de ellos dos. Ya se gesta en Cuba la futura aristocracia postcomunista integrada por los familiares de ambos hermanos, y de los generales, coroneles, y los máximos jerarcas de la nomenklatura. Ellos van conformando paulatinamente un entramado mafioso de mercado, al estilo postsoviético, aunque con mucho mayor protagonismo militar.
Por eso se entrenan como gerentes de las únicas industrias y actividades que son rentables, o que podrían llegar a serlo, casi todas ya manejadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR).
Un adelanto del futuro de los militares en Cuba es el Grupo Corporativo GAE, perteneciente al MINFAR y al Ministerio del Interior. El GAE opera restaurantes, hoteles, instalaciones turísticas, transporte aéreo, marítimo y terrestre, más de 300 tiendas recaudadoras de divisas (las “shopping”), y otros muchos establecimientos. Tiene tentáculos bancarios por todo el mundo y emplea en la Isla a miles de trabajadores. Lo peor es que el GAE no rinde cuentas a nadie y sus ingresos no van directamente al presupuesto nacional, sino que primeramente pasan por un limbo financiero que es “ordeñado” de forma secreta por la Junta Militar (de 17 miembros) y el generalato.
Estos empresarios que en el futuro próximo pasarán de “proletarios” a propietarios, serían quienes más se beneficiarían si Obama decidiese burlar al Congreso y autorizar el envío de capitales a la isla.
Prohibiciones y condiciones
¿Por qué? El gobierno, por ejemplo, podría obligar a los cuentapropistas a comprarle al empresariado militar y sus cayos adyacentes –a altísimos precios de monopolio– todos los insumos y equipos que necesitan para dar cierto impulso a sus precarios negocitos, y crecer hasta el límite en que el régimen considerase que hay “concentración de la propiedad”. Es decir, los cuentapropistas sólo podrían recibir “cash” desde EE.UU, y no insumos y equipos. Estos seguramente serían comprados por el gobierno en Panamá y otros países, a un costo que no sería descabellado pensar equivaldría a un 10% o un 12% del precio que le cobrarían luego a los negocios privados.
De ser autorizada la recepción de equipamiento y tecnología desde EE.UU sería sobre la base de imponer exorbitantes tarifas aduaneras e impuestos sobre las ganancias a los cuentapropistas. Los ingresos por esos gravámenes irían al Estado, pero sobre todo a la Junta Militar y el empresariado cívico-militar.
Por último, más que los 40 firmantes de la petición a Obama se equivocan quienes últimamente piden levantar lo que queda del embargo estadounidense contra Cuba para provocar una eventual democratización. No deja de sorprenderme cómo es posible que siguen sin entender la naturaleza del régimen cubano, de los Castro, y de los otros “históricos” que mandan en el país.
Nuevos líderes
En 55 años de poder absolutista ambos dictadores jamás han hecho una sola concesión que ellos consideren de “principios”. Y admitir el fracaso del socialismo y posibilitar reformas de mercado y una democratización del sistema político, lo sería. Para ellos sería una claudicación y una “traición”. No lo van a hacer.
Más sencillo aún: los procesos libertarios que echaron abajo el Muro de Berlín y acabaron con el comunismo en Europa fueron promovidos por nuevos dirigentes políticos que sustituyeron a los fósiles estalinistas.
También en China y en Vietnam hubo profundas reformas económicas de mercado sólo después de la muerte de Mao Tse Tung y luego de que fue removida la casta ortodoxa de los tiempos de Ho Chi Minh. En ambos casos el sistema político totalitario y violatorio de los derechos humanos quedó intacto.
En Corea del Norte, en cambio, no ha habido reformas económicas ni políticas, pues rige la misma dinastía desde hace casi 70 años. Igualmente, en Cuba tampoco habrá cambios radicales económicos, y mucho menos políticos mientras la dinastía Castro ostente el poder. Sí va a continuar la proliferación de timbiriches de corte medieval. Y punto.
En resumen, pienso que la pregunta adecuada aquí finalmente es ¿capital para quién? Son muchas las razones para creer que esos recursos financieros irían fundamentalmente al Estado comunista y no crearían el amplio sector privado que la nación reclama. Y a la dictadura, lejos de debilitarla, le daría oxígeno.