Es sin duda positivo que Miguel Díaz-Canel, un civil que nació ya con los Castro en el poder y no forma parte de la gerontocracia militar de los “históricos”, haya sido elevado a Primer Vicepresidente del Consejo de Estado en sustitución de José Ramón Machado Ventura, uno de los pilares reaccionarios de la línea dura estalinista.
Creo, como dijo Yoani Sánchez en La Habana cuando ya se rumoraba el posible encumbramiento de Díaz-Canel, que tener en Cuba un Vicepresidente con menos de 80 años ya es algo.
Sin embargo, aunque es lógico que el nombramiento de Díaz-Canel suscite cierto optimismo y aliente las esperanzas de algunos de que pueda convertirse en el Gorbachov o el Adolfo Suárez cubano, no hay que hacerse ilusiones. A decir verdad, la única relevancia de esta decisión –que no elección—radica en que él podría ser el nuevo Jefe de Estado si Raúl Castro muriese o quedase incapacitado para el cargo antes de 2018, cuando se vence su último período presidencial de cinco años.
Por lo demás, todo es aparente, no real. El Primer Vicepresidente del Consejo de Estado no tiene la fuerza política que sugiere el nombre de su cargo. La razón es simple, no forma parte de la élite militar que en verdad ostenta el poder en la isla.
La ascensión de Díaz-Canel no significa el inicio del postcastrismo (al menos con Raúl vivo), ni de reformas políticas, ni él es el “número dos” del régimen, como dicen algunos analistas. Es sólo el segundo de a bordo del aparato estatal, que no es lo mismo. En Cuba una cosa es administrar (algo que podrá hacer Díaz-Canel hasta donde le permitan) y otra muy diferente es gobernar.
Además, ni siquiera se le ubica en el ala liberal de la nomenklatura, sino como un ortodoxo obediente, afable, algo más moderno. Y en caso de que sorpresivamente tuviese veleidades reformistas reales correría la misma suerte que Roberto Robaina, Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y otros jerarcas civiles que fueron borrados del escenario político por pretender tímidamente salirse del carril.
La clave aquí en este asunto es que la Constitución castrista establece que institucionalmente la máxima instancia de poder no es el Estado, sino el Partido Comunista (PCC), que está encabezado por un Primer Secretario (Raúl Castro) y un Segundo Secretario, que es precisamente Machado Ventura, y un Buró Político (BP) sometido a la voluntad del dictador y la cúpula militar.
La comunidad internacional no acaba de procesar que el general Castro es el “número uno” de Cuba, no por ser presidente del Consejo de Estado, sino porque es el Primer Secretario del PCC, y que Machado Ventura es el segundo al mando de la nación porque es el vicejefe de dicha organización. “Machadito” (como le llaman los Castro) sigue siendo el jefe de Díaz-Canel, y no a la inversa.
No obstante, hay aquí una incongruencia no prevista por Castro cuando se proclamó en 1976 la actual Constitución socialista. Esta señala que el presidente del Consejo de Estado es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Así lo concibió el comandante cuando era un “mozalbete” de 50 años de edad y su hermano tenía 45. Ambos tenían décadas por delante como Presidente y Primer Vicepresidente.
Y así fue. Pero ya estamos en 2013 y si Raúl Castro no llega a 2018, Díaz-Canel sería el nuevo jefe de Estado. ¿Aceptarían a un civil como jefe supremo de las FAR las decenas de generales de tres y dos estrellas (con cicatrices y experiencia en el campo de batalla en Angola, Etiopía, Siria, Argelia, Congo, Guinea Bissau, Bolivia y Nicaragua), y los restantes generales, así como los cientos de coroneles y demás altos jefes militares, algunos de los cuales fueron guerrilleros en Bolivia, Argentina y Venezuela? Es muy poco probable.
En términos constitucionales el derecho a elegir al núcleo institucional de poder en Cuba, es privilegio de una versión moderna de patriciado romano al que pertenece sólo el 7% de la población, es decir, los 800,000 militantes del PCC. Los millones de adultos restantes no tienen ese derecho. Constituyen la plebe, son ciudadanos de segunda clase.
O sea, en la isla el poder no emana de la voluntad del pueblo soberano, como lo llamaba Jean-Jacques Rousseau. Podrá ser muy constitucional, pero legítimo no es. Los cubanos no eligen a sus gobernantes desde 1948, cuando se celebraron las últimas elecciones democráticas. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en marzo de 1952, tres meses antes de los siguientes comicios, y luego fue derrocado por Fidel Castro. Por tanto, durante 61 años Cuba ha tenido sólo tres gobernantes, y militares los tres (récord absoluto en Occidente).
‘Creme de la creme’ del poder
Pero hay más, el máximo poder realmente no radica en el Buró Político del PCC como reza la Constitución, sino en un reducido grupo de militares, algunos de los cuales no integran el BP. Constituyen de hecho una Junta Militar invisible para la comunidad internacional y para la mayoría del propio pueblo cubano, pues opera tras bambalinas y ningún medio habla del asunto. Díaz-Canel no pertenece a esa “creme de la creme” que controla el país, y que tiene 14 miembros.
Encabezada por los hermanos Castro y por el comandante (hoy equivalente al grado de general) Machado Ventura, el selecto grupo lo conforman además los cuatro generales más poderosos de la isla: Leopoldo Cintras Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Abelardo Colomé, ministro del Interior; Alvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y Jefe del Estado Mayor; y Ramón Espinosa, viceministro de las FAR; así como el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y el coronel de inteligencia Marino Murillo, vicepresidente del gobierno a cargo de la “actualización” del socialismo. Todos integran el BP.
Los no miembros del BP son el general José Amado Ricardo, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros (primer ministro en funciones, cargo que ejercía Carlos Lage); general Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Interior; general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR; y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador y Jefe de Coordinación e Información de los Servicios de lnteligencia y Contrainteligencia de las FAR y el Ministerio del Interior. El otro integrante ha sido hasta ahora el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, ex yerno de Raúl, a cargo de la actividad empresarial de las FAR. Pero al divorciarse recientemente de Deborah Castro Espín, no se sabe si continuará en tan privilegiada posición.
Estos son los 14 hombres más poderosos de Cuba y que junto a los Castro toman las decisiones más importantes. Ese fue el estilo de poder paralelo impuesto por Fidel, quien creó el todopoderoso Grupo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe, y que durante décadas fue el verdadero gobierno ejecutivo de la nación, por encima del Consejo de Ministros, el Estado, y del propio PCC. Recuerdo que en la isla se comentaba que cuando algún miembro de ese Grupo telefoneaba a un ministro, o a un alto dirigente del PCC de nivel nacional o provincial, a éstos les temblaban las piernas.
Y para ir al seguro, también 8 de los 15 miembros del Buró Político son militares (la mayoría), y 4 de los 7 vicepresidentes del Consejo de Ministros son igualmente militares.
Por eso Cuba es el único país del mundo que teniendo una cúpula de poder militar la presenta como civil, y así es aceptada. Si un general es presidente de una nación sin haber sido elegido nunca en unos comicios democráticos, y gobierna rodeado de generales, eso se conoce como dictadura militar, excepto si se trata de Cuba, que ahora incluso preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En cuanto a Díaz-Canel, más allá de insuflar algún “aire fresco” a la vetusta cúspide totalitaria, no es de esperarse que inicie una transición en la dirección aperturista que necesita la nación. En todo caso, parece ser que él es la primera ficha importante del “raulismo” para transitar hacia una dictadura con una mejor imagen, mientras los descendientes de los Castro, el generalato y sus familiares consolidan su posicionamiento económico como nueva burguesía criolla y echan las bases del postcastrismo.