¿Quiénes mandan de verdad en Cuba?

Roberto Álvarez-Quiñones.

Es sin duda positivo que Miguel Díaz-Canel, un civil que nació ya con los Castro en el poder y no forma parte de la gerontocracia militar de los “históricos”, haya sido elevado a Primer Vicepresidente del  Consejo de Estado en sustitución de José Ramón  Machado Ventura, uno de los pilares reaccionarios de la línea dura estalinista.

Creo, como dijo Yoani Sánchez en La Habana cuando ya se rumoraba el posible encumbramiento de Díaz-Canel, que tener en Cuba un Vicepresidente con menos de 80 años ya es algo.

Sin embargo, aunque es lógico que el nombramiento de Díaz-Canel  suscite cierto optimismo y aliente las esperanzas de algunos de que pueda convertirse en el Gorbachov o el Adolfo Suárez cubano,  no hay que hacerse  ilusiones.  A decir verdad, la única relevancia de esta decisión –que no elección—radica en que él podría ser el nuevo  Jefe de Estado si Raúl Castro muriese o quedase incapacitado para el cargo antes de 2018, cuando se vence su último período presidencial de cinco años.

Por lo demás, todo es aparente, no real. El Primer Vicepresidente del Consejo de Estado  no tiene la fuerza política que sugiere el nombre de su cargo. La razón es simple, no forma parte de la élite militar que en verdad  ostenta el poder en la isla.

La ascensión de Díaz-Canel  no significa el inicio del postcastrismo (al menos con Raúl vivo), ni de reformas políticas, ni él es el  “número dos” del régimen,  como dicen algunos analistas. Es sólo el segundo de a bordo del aparato estatal,  que no es lo mismo.  En Cuba una cosa es administrar  (algo que podrá hacer Díaz-Canel hasta donde le permitan) y otra muy diferente es gobernar.

Además,  ni siquiera se le ubica en el ala  liberal  de la nomenklatura, sino como un ortodoxo obediente, afable, algo más moderno. Y en caso de que sorpresivamente tuviese veleidades reformistas reales  correría la misma suerte que Roberto Robaina, Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y otros jerarcas civiles que fueron borrados del escenario político por pretender tímidamente salirse del carril.

La clave aquí en este asunto es que la Constitución castrista establece que institucionalmente la máxima instancia de poder no es el Estado,  sino el Partido Comunista (PCC), que está encabezado por  un Primer Secretario (Raúl Castro) y un Segundo Secretario, que es  precisamente Machado Ventura, y un Buró Político (BP) sometido a la voluntad del dictador y la cúpula militar.

La comunidad internacional no acaba de procesar  que el general  Castro es el “número uno” de Cuba, no por ser presidente del Consejo de Estado, sino porque es el Primer Secretario del  PCC, y que Machado Ventura  es el segundo al mando de la nación porque es el vicejefe de dicha organización.  “Machadito” (como le llaman los Castro) sigue siendo el  jefe de Díaz-Canel, y no a la inversa.

No obstante, hay aquí  una incongruencia no prevista por Castro  cuando se proclamó en 1976 la actual Constitución socialista. Esta señala que el presidente del Consejo de Estado es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).  Así  lo concibió el comandante cuando era un “mozalbete” de 50 años de edad y  su hermano  tenía  45. Ambos  tenían décadas  por delante  como Presidente y  Primer Vicepresidente.

Y así fue.  Pero ya estamos  en 2013 y si Raúl Castro no llega a 2018, Díaz-Canel  sería el nuevo jefe de Estado.  ¿Aceptarían a un civil como jefe supremo de las FAR las decenas de  generales de tres y dos estrellas (con cicatrices y experiencia en el campo de batalla en Angola, Etiopía, Siria, Argelia, Congo, Guinea Bissau, Bolivia y Nicaragua), y los restantes generales,  así como los cientos de coroneles y demás altos jefes militares, algunos de los cuales fueron guerrilleros en Bolivia, Argentina y Venezuela?  Es muy poco probable.

En términos constitucionales el derecho a elegir al núcleo  institucional de poder en Cuba,  es privilegio de una versión moderna de patriciado romano al que pertenece sólo el 7% de la población, es decir, los 800,000 militantes del PCC.  Los millones de adultos restantes no tienen ese derecho. Constituyen la plebe, son ciudadanos de segunda clase.

O sea, en la isla el poder no emana de la voluntad del pueblo soberano,  como lo llamaba Jean-Jacques Rousseau. Podrá ser muy constitucional, pero legítimo no es.  Los cubanos no eligen a sus gobernantes desde 1948, cuando se celebraron las últimas elecciones democráticas. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en marzo de 1952, tres meses antes de los siguientes comicios, y luego fue derrocado por Fidel Castro. Por tanto, durante 61 años Cuba ha tenido  sólo tres gobernantes, y militares los tres (récord absoluto en Occidente).

Creme de la creme’ del poder

Pero hay más, el  máximo poder realmente no radica en el Buró Político del PCC como reza la Constitución, sino en un reducido grupo de militares, algunos de los cuales no integran el BP. Constituyen de hecho una Junta Militar invisible para la comunidad internacional y para la mayoría del propio pueblo cubano, pues opera tras bambalinas y ningún medio habla del asunto. Díaz-Canel  no pertenece a esa “creme de la creme” que controla el país, y que tiene 14 miembros.

Encabezada por los hermanos Castro y por el comandante (hoy equivalente al grado de general) Machado Ventura, el selecto grupo lo conforman además  los cuatro generales más poderosos de la isla: Leopoldo Cintras Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Abelardo Colomé, ministro del Interior;  Alvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y Jefe del Estado Mayor; y Ramón Espinosa, viceministro de las FAR;  así como el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés,  y el coronel de inteligencia Marino Murillo, vicepresidente del gobierno a cargo de la “actualización” del socialismo. Todos integran el  BP.

Los no miembros del BP son el  general José Amado Ricardo, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros (primer ministro en funciones,  cargo que ejercía Carlos Lage);  general  Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Interior;  general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR;  y el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del dictador y Jefe de Coordinación e Información de los Servicios de lnteligencia  y Contrainteligencia de las FAR y el Ministerio del Interior.   El otro integrante ha sido hasta ahora el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, ex yerno de Raúl, a cargo de la actividad empresarial de las FAR. Pero al divorciarse recientemente de Deborah Castro Espín, no se sabe si continuará en tan privilegiada posición.

Estos son los 14 hombres más poderosos de Cuba y que junto a los Castro toman las decisiones más importantes. Ese fue el estilo de poder paralelo impuesto por Fidel, quien creó el todopoderoso Grupo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe, y  que durante décadas fue el verdadero gobierno ejecutivo de la nación, por encima del Consejo de Ministros, el Estado, y del propio PCC.  Recuerdo que en la isla se comentaba que cuando algún miembro de ese Grupo telefoneaba a un ministro,  o a un alto dirigente del PCC de nivel nacional o provincial,  a éstos les temblaban las piernas.

Y para ir al seguro, también  8 de los 15 miembros del Buró Político son militares (la mayoría), y  4 de los 7 vicepresidentes del Consejo de Ministros son igualmente militares.

Por eso  Cuba es el único país del mundo que teniendo una cúpula de poder militar la presenta como civil, y así es aceptada. Si un general  es presidente de una nación sin haber sido elegido nunca en unos comicios democráticos, y gobierna rodeado de generales, eso se conoce como  dictadura militar, excepto si se trata de Cuba, que ahora incluso preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En cuanto a Díaz-Canel,  más allá de insuflar  algún “aire fresco” a la vetusta cúspide totalitaria, no es de esperarse que inicie una transición en la dirección aperturista  que necesita la nación. En todo caso, parece ser que  él es la  primera ficha importante del “raulismo” para transitar hacia una dictadura con una mejor  imagen, mientras los descendientes de los Castro, el generalato y sus familiares consolidan su posicionamiento  económico  como nueva  burguesía criolla y echan las bases del  postcastrismo.

 

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