Posible estancamiento en el juicio de corrupción de Bell

Redacción de Latinocalifornia.com

Después de varias semanas de escuchar los argumentos de la defensa y la fiscalía en el caso de corrupción contra seis altos funcionrios de Bell, todo indica que el jurado –que empezó a deliberar la semana pasada- se encuentra estancado.

De acuerdo con Patricia Kelly, vocera del Tribunal Superior  del condado de Los Ángeles, los miembros del jurado enviaron esta mañana una nota en la que informan a los abogados que se encuentran estancados en las deliberaciones para decidir si los acusados  son culpables o no.

Los seis acusados en este caso son el exalcalde Óscar Hernández y los exconcejales Luis Artiga, Victor Bello, George Cole, Teresa Jacobo y  George Mirabal. Todos enfrentan cargos por haber utilizado fondos públicos de la ciudad de Bell para pagarse a sí mismos salarios exorbitantes, de casi 100 mil dólares.

Los seis fueron arrestados en septiembre de 2010, junto con el entonces administrador Robert Rizzo y la asistente Angela Spaccia. A lo largo del juicio, la defensa ha insistido que el principal artífice de este fraude fue Rizzo, quien recibía casi 800 mil dólares anuales de sueldo, más beneficios por 700 mil dólares. Spaccia, por su parte, tenía un sueldo de más de 376 mil dolares. Ambos enfrentarán un juicio por separado.

La defensa ha manifestado también que los acusados fueron engañados y manipulados por Rizzo y que todos destinaban largas horas de su tiempo para llevar a cabo trabajo comunitario.

Sin embargo, la  fiscalía ha declarado que los exmiembros del Concejo  eran simples ladrones a quienes lo único que les interesaba era engordar sus billeteras a costa de los impuestos de los residentes de Bell, una ciudad habitada en su mayoría por trabajadores inmigrantes de origen latino.

A los jurados del caso se les dejó también la cuestión de decidir si los exfuncionarios acusados podían ampararse bajo el Acta Normativa de la Ciudad, que fue aprobada en una elección especial por menos de 400 votantes.

En opinión de los abogados defensores, esa acta les permite a los miembros del Concejo recibir pagos por sus servicios públicos.

Pero los fiscales argumentan que dicho documento, que es casi una constitución para la ciudad, estableció salarios fuera de toda proporción para los servidores públicos. En comparación, en las ciudades californianas de tamaño similar a la de Bell, los concejales reciben un pago de sólo $8,076 al año.

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