
Por Aitana Vargas (Los Ángeles, CA) – Dos años y medio después de que estallara el escándalo de corrupción que puso a la ciudad de Bell al borde de la bancarrota, seis de los exfuncionarios implicados en este dantesco espectáculo deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder ante la justicia.
Hoy, 21 de enero, continúa la selección del jurado que escuchará los argumentos presentados por la fiscalía y la defensa a partir de finales de esta semana, fecha prevista para el arranque del juicio.
Óscar Hernández, George Cole, Luis Artiga, George Mirabal, Víctor Bello y Teresa Jacobo se enfrentan a 20 cargos por apropiación indebida de fondos públicos.
La defensa alega que los exfuncionarios se ganaron su salario (cerca de $100.000 anuales por cabeza) trabajando a tiempo completo para esta localidad de algo menos de 40.000 habitantes.
Pero en las calles de Bell, muchos ciudadanos ya tienen su propio veredicto. Y está claro que el tiempo no ha servido para calmar los ánimos ni disipar la crispación.
“En Cuba los hubieran fusilado ya en el paredón. Si [la justicia] tiene todas las pruebas, ¿qué mas quieren?”, comenta indignada Sonia Manzanilla, una cubana que lleva 17 años residiendo en Bell, y que emigró a Estados Unidos en el año 1969 habiendo vivido en la isla la época de la Revolución Cubana.
Su hijo, Luis Casas, que nació en Estados Unidos y también reside en Bell, asegura que el problema es que “con los anglosajones dura años un juicio”. “La justicia es un negocio en este país”, se lamenta.
Aún así, espera que los acusados “regresen el dinero, que los declaren culpables y que paguen al Tío Sam lo que le robaron”.
En las calles de esta modesta localidad californiana, no hay palabras de agradecimiento, ni halagos, ni clemencia para ninguno de los acusados, incluyendo también al exmanager de Bell, Robert Rizzo, y a su exasistente Angela Spaccia, quienes tendrán un juicio aparte.
“Eran unos sinvergüenzas”, comenta Carmen Bella, una inmigrante mexicana que lleva 36 años afincada en Bell.
“A todos tienen que darles cárcel”, sentencia.
Y mientras el ambiente se va caldeando conforme se aproxima la fecha de inicio del juicio, el pueblo también hace balance sobre el desempeño de la actual administración en los cargos para los que fueron elegidos. Y, una vez más, el desencanto de algunos residentes es evidente.
Sonia Manzanilla, por ejemplo, exige la supervisión e intervención directa del gobierno federal de Barack Obama en la gestión de la ciudad.
“El gobierno federal debería chequear la evolución de quienes trabajan en la administración de Bell”. Según esta inmigrante nacida en La Habana, el nuevo alcalde y los concejales electos “son unos novatos. No saben nada de política, ni de Juan de los tomates”.
“Necesitamos gobernantes que sepan de política”, puntualiza.
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