Los Ángeles (EFE).- Un foro realizado el jueves en la Universidad Estatal de California Northridge, (CSUN) abordó el efecto negativo de la “guerra de las drogas” en las comunidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El encuentro titulado Los exiliados mexicanos y la Primera Enmienda reunió a un abogado especializado en casos de asilo político de mexicanos y un activista mexicano defensor de los derechos civiles, actualmente asilado en EE.UU., que dieron testimonio del impacto de la violencia en la frontera sur.
El activista de los derechos civiles Saúl Reyes Salazar explicó las dificultades que sufren muchos de sus connacionales y contó que los días iniciales en El Paso, Texas, donde ahora vive con su esposa y sus niños luego de recibir el asilo, fueron los primeros en mucho tiempo “donde pude dormir toda la noche y sin tener pesadillas”,
El activista denunció que los habitantes de ciudades como Ciudad Juárez –donde él residía– y de otras localidades mexicanas en la frontera con EE.UU. están sufriendo en medio de la lucha entre el narcotráfico y el Ejército y la Policía de México.
Reyes Salazar no solo criticó la violencia del narcotráfico sino también las acciones militares y de la policía mexicana contra personas inocentes, lo que se está convirtiendo en un “daño colateral” de la guerra.
En Guadalupe, un pequeño pueblo cercano a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, el activista contó 180 muertos, 26 desaparecidos y ocho cadáveres no identificados que fueron dejados tirados.
Su familia comenzó a recibir amenazas cuando empezó a criticar la violencia y la militarización de la ciudad. Y no solo amenazas: seis miembros de su familia han sido asesinados desde 2008, razón por la que pidió el asilo político.
Para el abogado de inmigración Carlos Spector, la experiencia ayudando a las víctimas de la violencia también ha sido impactante. Según explicó, 21 activistas defensores de los derechos civiles han sido asesinados en el estado de Chihuahua desde que llegó el Ejército en 2008.
El abogado señaló que la mayoría de los casos que está atendiendo –muchos de ellos sin cobrar– muestran al gobierno mexicano como el responsable de los crímenes y el de EE.UU. “ha estado de acuerdo en apoyar esos casos”.
“Las comunidades mexicanas en la frontera están aterrorizadas por los carteles de la droga, la policía y el ejército mexicanos y un modelo económico diseñado para destruir su supervivencia económica”, anotó José Luis Benavides, jefe del departamento de periodismo de CSUN.