Por Aurelia Fierros
La percepción de que la guerra contra el narcotráfico es enteramente inútil, sigue en aumento. Las escandalosas cifras de muertos y el impacto socioeconómico sufrido en los países implicados, ya sea como productores o como territorio en las rutas de transito, ha conducido a tal discernimiento.
La aplicación de estrategias de combate inadecuadas e ineficientes, y una red de corrupción global en continuo crecimiento, son sólo una parte del complejo problema.
A diferencia de los grupos terroristas o de la guerrilla, los cárteles no operan motivados por una ideología o por ideales, sino con el objetivo explícito de obtener una plusvalía económica, y por supuesto, también por la ambición de poder. Pero, su sistema de mando multinivel, recurrente reorganización, permanente reclutamiento, alianzas criminales internacionales, fuerza letal y sofisticación en aumento, hacen de los cárteles un enemigo omnipresente: difícil de fijar como blanco, y más difícil aún de debilitar, si sólo se le ataca con el recurso de la artillería. Pese a ello, durante las últimas cuatro décadas, Estados Unidos ha gastado millones de dólares combatiendo tal enemigo mediante una estrategia reducida esencialmente al armamentismo y las tácticas de guerra. El ‘corazón’ de las organizaciones criminales –sus finanzas- queda misteriosamente intacto.
Así lo muestran los registros de la tan criticada política antidrogas de los EE.UU, incluso desde antes de que el ex presidente Richard Nixon acuñara el término “War on Drugs” (Guerra contra las Drogas) en 1971. Desde entonces, no se puede decir que haya habido un avance substancial.
La Oficina del Programa Contra Narco-Terrorismo (CNTPO) de El Pentágono –una entidad creada en 1995 y prácticamente desconocida- anunció un contrato de US$3 mil millones con fondos federales para operaciones anti narcóticos alrededor del mundo, incluyendo Afganistán, Pakistán, Colombia, y ahora también, México.
La licitación se abrió a las propuestas de firmas privadas de seguridad a partir del 9 de noviembre y el desglose del presupuesto asignado por categoría incluye hasta US$950 millones para “operaciones, logística, y construcción menor”, hasta US$975 millones para entrenamiento de fuerzas extranjeras, US$875 millones para asignaciones de “información”, y US$240 millones para “programas y apoyo programático”, según se publicó en el anuncio oficial.
La estrategia de El Pentágono y el Departamento de Defensa a través de la CNTPO, forma parte del plan en marcha para privatizar los servicios de asistencia militar y de inteligencia; los que resultan ser negocios altamente redituables y parte de la estrategia silenciosa de los EE.UU para transferir algunas de las tácticas de la llamada “guerra contra el terrorismo”, hacia la “guerra contra las drogas”.
De acuerdo con la descripción dada por el gobierno federal de los EEUU. a las compañías interesadas, la CNTPO busca proporcionar una amplia variedad de servicios de seguridad que, en el caso de México, incluirían la instrucción a pilotos y mecánicos de helicópteros UH-60 (Black Hawk,) Schweizer 333 o OH-58 y Bell 206; desarrollo y entrega de programas de enseñanza, incluyendo todo el personal, equipo, y materiales e impartición de entrenamiento de pilotos y tripulación de helicópteros de visión nocturna. Otros contratos incluirían la entrega de equipo e instrucción para intercambio de información sobre la actividad criminal de narcotraficantes.
El gobierno mexicano aún no se ha pronunciado sobre la potencial presencia de firmas extranjeras de seguridad en el país, las que además instruirían sobre cómo patrullar las múltiples áreas conflictivas de su territorio, donde la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 50,000 muertos en los últimos cinco años.
Pero aún siendo tan desconocida como lo es, e independientemente de que ni siquiera cuenta con una oficina dentro de El Pentágono, la CNTPO sí tiene historia: en 2009, esta entidad intentó otorgar infructuosamente un contrato de US$1 mil millones, a la corporación de servicios militares Blackwater. De acuerdo con Wired News, empleados de Blackwater habían sido acusados de corrupción, robo y violaciones a los derechos humanos en casos ocurridos durante el cumplimiento de contratos de servicio en Irak y Afganistán. El escándalo llevó a un cambio de nombre y Blackwater se convirtió entonces en Xe Services LLC.
Más allá del caso específico de Blackwater, algunos expertos militares han expresado preocupación sobre la posibilidad de que mercenarios bajo la identidad de corporaciones privadas, no sólo obtengan estos jugosos contratos; sino que excedan las capacidades que los mismos les otorgan y desarrollen una variedad de actividades delictivas que pueden ir desde proporcionar servicios a criminales como fuente de inteligencia, hasta la violación de derechos civiles y humanos.
En México, algunos analistas tienen la firme convicción –basados en presunta evidencia concreta- que algunos mercenarios ya operan en el país pagados por ciudadanos adinerados, por gobernadores y otras autoridades, para hacer el ‘trabajo sucio’ de lo que se ha llamado una ‘limpieza social’ que intentaría eliminar a individuos o grupos reducidos de personas que supuestamente trabajan o son forzadas a trabajar para ‘x’ o ‘y’ pandilla o cártel. En ese sentido, el argumento es que la presencia en suelo mexicano de mercenarios que se representan como proveedores de servicios de seguridad, solo empeoraría el ya existente clima de temor y violencia.
También es importante reconocer que, existen contradicciones estructurales que son cruciales en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Como sucedió en Colombia, donde esfuerzos del pasado lograron un declive significativo en el tráfico de drogas empujándolo inevitablemente hacia otras latitudes; en México, el combate contra los cárteles ha causado que la actividad criminal se desplace y se expanda hacia otros estados e incluso hacia Centroamérica y el Caribe. El asunto es que, en este ciclo de ‘reacomodo’ de rutas, se torna sencillamente inevitable que, eventualmente, los traficantes regresen a las regiones donde alguna vez establecieron sus epicentros comerciales.
Derivado de tal situación, surgen algunas preguntas indispensables para el tema. ¿Están los Estados Unidos aplicando la política de drogas adecuada? ¿Es México congruente al impulsar la guerra contra el narcotráfico hasta el límite, sabiendo que tiene en su puerta frontal a un mercado gigantesco de consumidores? ¿Cuál es la perspectiva a un largo plazo? ¿Existen alternativas? ¿Deberíamos considerar todas las alternativas en la discusión? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio de cada alternativa?
El incremento de los periodos de encarcelamiento y los esfuerzos por detener el tráfico de estupefacientes no han disminuido el número de usuarios de drogas ilícitas en los EE.UU., los que en una cifra conservadora se ubican en 20 millones. Y aunque los tratamientos de drogas son esenciales para cualquier demanda de disminución en el consumo, no es medida suficiente. La tarea debe comenzar con la prevención. Debido a todo ello, la política antidroga no puede ni debe ser aislada. Las políticas económicas y de salud, también son políticas antidrogas. Y en este caso, la política exterior también se convierte en política antidrogas. ¿Habrán nuestros gobiernos de hacerlas coincidir alguna vez? Esa es la pregunta conclusiva.
Mientras tanto, la CNTPO iniciará la distribución de recursos de los contratos de seguridad privada en agosto de 2012. La cantidad es, una vez más, US$3 mil millones.