María Luisa Arredondo
El año que está a punto de concluir ha sido uno de los más azarosos para los indocumentados en la historia reciente de Estados Unidos, La esperanza de una reforma migratoria no sólo se diluyó hasta desvanecerse por completo sino que 30 estados del país presentaron sus propios proyectos legislativos para atacar con todo el peso de la ley a quienes carecen de documentos para vivir y trabajar aquí.
De esos 30 proyectos, 20 fueron rechazados, cinco están con posibilidades de ser considerados y cinco fueron aprobados en los estados de Alabama, Carolina del Sur, Utah, Indiana y Georgia. Aunque el Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas leyes, bajo el argumento de que la migración es un asunto federal, la realidad es que el proceso es complejo y nadie sabe cuánto tardará en definirse. En el caso de Arizona, que aprobó la medida antiinmigrante SB1070 que sirvió de modelo a otros estados, será la Suprema Corte quien decida si esa ley -actualmente bloqueada- entra en vigor o no.
Por si todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Barack Obama ha implantado un nuevo récord en el número de indocumentados deportados: 400 mil en el presente año fiscal. De ellos, la mayor parte son latinos que carecen de antecedentes penales y que ya tenían aquí trabajo y familia. Los reclamos por el inmenso dolor que ha traído consigo esta política de deportaciones han obligado a la actual administración a prometer que se enfocarán solamente en quienes tengan un récord delictivo. Hasta ahora, sin embargo, no se ha visto un cambio sustantivo. Las deportaciones que separan a familias trabajadoras siguen a la orden del día.
Para 2012, no se anticipan, por desgracia, grandes cambios. Debido a que el país aún no se recupera de la recesión, a que el desempleo sigue por las nubes y a que es un año electoral, nadie espera que se vuelva a discutir siquiera la posibilidad de una reforma migratoria integral. En este clima, lo único a lo que aspira la mayoría de los activistas pro inmigrantes es a detener las deportaciones indiscriminadas, así como la implementación de más medidas antiinmigrantes.
El éxito de estos esfuerzos dependerá, en gran parte, de la efectividad de las estrategias que se sigan. En este sentido será clave que los defensores de los inmigrantes se unan con las asociaciones de empresarios y comerciantes del país para denunciar los efectos nefastos de las leyes antiinmigrantes en la economía. Los negocios no sólo se ven afectados por la falta de mano de obra sino por la disminución en el consumo de bienes y servicios, como se ha demostrado ya en Arizona y Alabama.
La otra estrategia es de orden político. Quienes estamos a favor de una legalización migratoria tenemos que salir a votar y demostrar el poder político de los latinos. De lo contrario, continuaremos como hasta hoy: el grupo más vulnerable y atacado, aun cuando seamos la minoría más grande de la nación.
Al margen de estos problemas, aprovecho este espacio para desearles a todos, queridos lectores, una feliz Navidad.
**María Luisa Arredondo es directora ejecutiva de Latinocalifornia.com