María Luisa Arredondo*
El reciente informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la crisis de desaparecidos en México no fue, como se anunció, un ejercicio de rendición de cuentas sino un maquillaje estadístico que intenta ocultar una herida abierta en el corazón del país desde hace décadas.
Al declarar que existen 132,534 personas desaparecidas, el Estado mexicano admite una cifra escalofriante, pero el diablo está en los detalles. La estrategia de “depuración” del Registro Nacional (RNPDNO) y la insistencia en reducir la crisis a solo 43,128 casos “confirmados” es, en el mejor de los casos, un error metodológico y, en el peor, un acto de crueldad institucional.
La insistencia de la Secretaría de Gobernación y del Secretariado Ejecutivo en condicionar el registro de una desaparición a la apertura de una carpeta de investigación es una trampa. En un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%, utilizar los expedientes ministeriales como termómetro de la realidad es ignorar deliberadamente el miedo, la corrupción y la desconfianza que impiden a las familias acudir a las fiscalías.
“Condicionar el registro a una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”. Esta frase de las organizaciones civiles que se especializan en el tema, como el Centro Prodh y Amnistía Internacional, resuena con fuerza: no se puede borrar a una persona de la historia solo porque un burócrata no ha mecanografiado un acta.
Resulta particularmente alarmante el discurso de Sheinbaum, que sostiene que en México ya no existen las desapariciones forzadas. Al atribuir el fenómeno exclusivamente al crimen organizado, el Gobierno intenta lavarse las manos y borrar de un plumazo la participación de agentes del Estado. Esta narrativa invisibiliza a las víctimas y contraviene las advertencias de organismos internacionales que, año tras año, señalan la colusión o participación directa de autoridades en estos crímenes.
Mientras el Gobierno presume plataformas únicas de identidad y metodologías “científicas”, la realidad se sigue encontrando en el suelo, con una pala y bajo el sol. El caso de Ceci Flores, una de las voces más representativas de las madres buscadoras, es el recordatorio más doloroso de la incapacidad oficial. Después de recorrer miles de kilómetros y ayudar a localizar a muchos desparecidos durante siete años, Ceci finalmente encontró los restos de uno de sus hijos. Si hoy hay miles de personas localizadas, no es por el éxito de una estrategia gubernamental de escritorio, sino por el sudor y las lágrimas de las madres buscadoras que han hecho el trabajo que el Estado se niega a realizar.
Sheinbaum tiene ante sí una elección histórica: ser la mandataria que finalmente enfrente esta tragedia con transparencia y honestidad o quien termine de perfeccionar la maquinaria de invisibilización de los desaparecidos en México con discursos y cifras fuera de la realidad.
*María Luisa Arredondo es directora de Latinocalifornia.com y autora del libro “La vida después del cruce”.
Muy atinada tu nota querida María Luisa. Recordemos también que en esa lista de desaparecidos, no están decenas de periodistas que han desaparecido en vida y encontrados muertos después, con el mensaje del estado y el narco antes y hoy el narco estado con el envío de un siniestro mensaje que dice, busca la verdad o critícanos y nos aseguraremos que pierdas la vida. Triste nuestra calavera colega querida.
Muchas gracias,Miguel. Y totalmente de acuerdo, dentro de esa lista hay muchos colegas periodistas.