María Luisa Arredondo*
Cuando Joe Biden anunció su ambiciosa agenda para renovar la infraestructura del país y aumentar de manera significativa el gasto social, dio por sentado que enfrentaría una dura oposición por parte de los republicanos. Lo que tal vez no previó fue que también se toparía con una férrea resistencia dentro de las filas demócratas.
Dos senadores, en especial, se han convertido en un serio dolor de cabeza para los planes de Biden: Joe Manchin, de West Virginia, y Kyrsten Sinema, de Arizona. Si bien ambos han apoyado el plan de infraestructura, se han rehusado a respaldar el llamado proyecto de reconciliación que contempla expandir la salud y la educación, así como combatir el cambio climático y aprobar la reforma migratoria. Su principal argumento contra este plan es que su costo, calculado en 3.5 billones de dólares (equivalentes a 3.5 trillones en inglés), es demasiado alto y contribuiría a elevar la deuda del país, así como la inflación y los impuestos. También argumentan que gran parte del electorado al que sirven no apoya ese plan.
Sin embargo, detrás de estos argumentos hay razones de mayor peso que son inconfesables.
En el caso de Manchin, por ejemplo, llama poderosamente la atención que se oponga a los esfuerzos del gobierno para combatir el cambio climático mediante la eliminación gradual de los combustibles fósiles diciendo que, en lugar de ayudar, esto agravaría la contaminación ambiental.
La irracionalidad de las declaraciones de Manchin tiene una explicación muy sencilla: durante décadas el senador se ha beneficiado de varias empresas de carbón que fundó en 1980. De acuerdo con una investigación de la publicación “The Intercept”, su hijo Joe Manchin IV se mantiene en posiciones de liderazgo en esas compañías y el senador ha recibido de ellas más de $4.5 millones.
EL CASO DE SINEMA
Por lo que toca a Sinema, la senadora se ha opuesto radicalmente a cualquier impuesto que afecte a los multimillonarios, lo cual es esencial para el plan de Biden, no por razones ideológicas sino por algo más pragmático: sus oscuras conexiones con los poderosos.
El año pasado, según reveló “The Intercept”, pasó el verano en una bodega de lujo en Sonoma, California, propiedad del multimillonario Bill Price, cofundador de la firma TPG Capital. En agosto, en la bodega se organizó una recaudación de fondos para recompensar a Sinema por su oposición a los aumentos de impuestos a las corporaciones. Cada boleto costaba $5,000 por invitado. Durante el evento, Sinema cortejó a otros multimillonarios como el director ejecutivo de Lyft, Logan Green; el fundador de Microsoft, Bill Gates y, desde luego, Price.
Sinema ha ido aún más lejos. Se ha opuesto, además, al plan de Biden de bajar los precios de los medicamentos, que es parte del proyecto de reconciliación, porque ha recibido grandes donaciones de la industria farmacéutica.
La conducta de Manchin y Sinema ha puesto en riesgo la posibilidad de que Estados Unidos implemente políticas que se traduzcan en una mejor calidad de vida para millones de personas y de que el país se sitúe a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, un asunto que es prioritario para la supervivencia de nuestro planeta. Su codicia y deseo de mantenerse a cualquier precio en el poder debería costarles el cargo que ostentan. Ambos han dejado claro que están al servicio de sus propios intereses, no de los del país.
*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com