BARRACUDA LITERARIA continúa su repaso del denominado Triángulo Norte de Centroamérica y ahora pone la vista en Guatemala. Podredumbre en las esferas del poder, hermandades militares secretas, los narcos y la quiebra de la Justicia conforman un Estado ‘capturado’
EN 2015, La Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscal general Thelma Aldana descuajaron una trama de defraudación aduanera conocida como La Línea, cuyos cabecillas principales eran el presidente de la nación, Otto Pérez Molina (exoficial de inteligencia, exkaibil y líder de la sociedad militar secreta conocida como «El Sindicato») y la vicepresidenta, Roxanna Baldetti. El caso llevó a la caída del Gobierno, y salpicó a centenares de empresarios que habían pagado sobornos a través de la red (así bautizada por el número al que había que llamar para arreglar los pagos) para eludir sus obligaciones tributarias. Estas revelaciones levantaron una marejada de indignación que se volcó a la calles. 132 diputados votaron para quitarle la inmunidad al presidente, que tuvo que renunciar.
«Lo que empezó con una protesta de las capas medias y urbanas», escribía Anita Isaacs en el New York Times, «creció hasta incluir a campesinos e indígenas, siendo la primera vez que el país se une para exigir una reforma democrática».
La CICIG, un organismo de la ONU respaldado financieramente por más de una docena de países, había llegado a Guatemala en 2007 para asistir al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil (PNC) en la investigación y erradicación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que operaban impunemente en el país.
Un estudio de Washington Office on Latin América (WOLA) dado a conocer en 2003 describe los alcances siniestros de los poderes ocultos infiltrados en todos los órdenes de la vida del país. Entre las actividades de esas redes, WOLA destacaba el desfalco en las aduanas, soborno, cobro de comisiones ilegales, tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada. «A la par de ejercer su influencia en la burocracia estatal, los poderes ocultos tienen relación con la mayoría de los partidos y actores políticos en Guatemala» se menciona en el reporte.
Varios de los individuos a los que alude WOLA remiten a hermandades secretas incubadas en el seno del Ejército, las que se remontan a los años de los hermanos Lucas García (1978-1982). La más antigua era «La Cofradía», un club de generales con dos notorios padrinos, Francisco Ortega Menaldo y Efraín Ríos Montt, cuyos hilos penetran al partido del actual presidente, Alejandro Giammattei. Rival histórico de esa banda era «El Sindicato», que lideraba Pérez Molina. Otra estructura, «La Red Moreno», entronca con una vieja fuente de enriquecimiento ilícito de los militares: el contrabando y el fraude fiscal mediante el control de contenedores y mercancías. Aunque fue desmantelada en los años de la presidencia de Álvaro Arzú (1996-2000), algunos de sus integrantes se reciclaron en La Línea. La trama de las hermandades dentro de la Escuela Politécnica corre de tanda en tanda hasta llegar a las promociones 103 y 108. Sus integrantes, detalla una investigación del ya desaparecido medio digital Nómada, «han llegado a puestos de poder como diputados o ministros, o están vinculados a casos de corrupción, robo, lavado de dinero e incluso asesinato».
En sus 12 años de existencia, la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (FECI) desbarataron decenas de redes mafiosas y llevaron a juicio a centenares de personas vinculadas con estructuras ilegales, incluyendo militares, funcionarios, prominentes empresarios, integrantes de los Zetas y cuatro presidentes: Álvaro Arzú, Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo y Álvaro Colom Argueta. «El miedo ha cambiado de bando» celebraba en esos años el colombiano Iván Velásquez, el comisionado de la CIGIG, en conversación con el medio digital Plaza Pública.
Nombres prominentes de la cúpula empresarial, Torrebiarte Novella, Botrán, Paiz, Porras Sadik y Sinibaldi salieron a relucir en causas judiciales por corrupción y contribuciones ilegales…
Por primera vez en su historia, Guatemala vivió una primavera sin impunidad. Nombres prominentes de la cúpula empresarial, Torrebiarte Novella, Botrán, Paiz, Porras Sadik y Sinibaldi salieron a relucir en causas judiciales por corrupción y contribuciones ilegales a políticos y partidos políticos. Tan solo en un caso, Cooptación del Estado, numerosas firmas (que de otra manera, serían consideradas honorables) aparecieron vinculadas con manejos ilícitos: G&T, Blue Oil, Conasa, Agencias J.I Cohen, Altracsa, Banrural e Inesco. En la causa contra La Línea, 50 poderosos hombres y mujeres de negocios recibieron órdenes de arraigo mientras se investigaba a 1.500 individuos por cohecho activo.
Fieras acorraladas
Pero había quienes no celebraban. Entre 2018 y 2019, se levantó un clamor entre la clase política corrupta y el CACIF, la principal patronal empresarial, exigiendo a la CICIG poner «punto final» a sus investigaciones. En una reunión con Velásquez, a la que asistió la flor y nata de la cúpula empresarial guatemalteca, insistieron en que el trabajo de la CIGIG «tenía que parar. Que si no parábamos, lo que había que hacer era ponerle una cerca al país, rejas al país, porque todos quedarían presos».
A finales de 2019, el presidente Jimmy Morales –a quien la Justicia también le seguía los pasos– expulsó a la CICIG. Fue el elegido para conjurar el peligro que le robaba el sueño al «pacto de corruptos». El Gobierno de Donald Trump no movió ni un dedo en apoyo al organismo. Más bien, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reinvidicó el derecho de Guatemala a su «soberanía» y a tener una CICIG «reformada». En esos días, el Congreso eliminó un párrafo del Código Penal que castigaba con cárcel a políticos y empresarios involucrados en donaciones de campaña bajo la mesa.
Las cosas parecen volver al punto cero. Se corta una cabeza y crecen otras. Guatemala se reafirma como Estado «capturado». Pero, ante todo, se trata de un país robado. El modelo económico y productivo es un embudo que arrastra la mayor parte de la riqueza a las cuentas de un ínfimo porcentaje de la población. Quinto país más pobre de Latinoamerica y el Caribe, sexto en el mundo y el primero en Latinoamérica en datos de desnutrición. Apenas el 40% de la población goza de seguridad alimenticia. Son cifras del Banco Mundial. Guatemala figura en la posición 146 en la escala de corrupción (de un total de 180 países). Élites blancas predominan sobre el 60 % de la población de origen maya.
País con muchos partidos y pocas opciones. En las elecciones presidenciales de 2020, Thelma Aldana, la valiente fiscal general que, codo a codo con la CICIG investigó y encausó a decenas de políticos, militares y empresarios acusados de corrupción, se presentó como candidata. Pero fue vetada por la Corte de lo Constitucional, recibió amenazas de muerte y tuvo que abandonar el país. Quedó allanado el camino para que Alejandro Giammattei, un político mediocre con un pasado turbio, ascendiera al poder.
La condición de país dominado por estructuras corruptas y aparatos criminales conforma una deuda odiosa y execrable. Los guatemaltecos no tienen por qué aceptarla. Y no lo hacen. Según las encuestas, más del 70% de los guatemaltecos apoyaban la labor de la CICIG al momento de decretarse su extinción. En noviembre pasado, miles de ciudadanos volvieron a las calles, esta vez para protestar contra una ley de presupuesto que recortaba las partidas destinadas a la cartera de Justicia y a programas de nutrición en el campo (al tiempo que incrementaba los estipendios para las comidas de los diputados). El Gobierno de Giammattei dio marcha atrás.
En diciembre, el Congreso estadounidense suspendió la ayuda militar a Guatemala (medida que también afecta a Honduras y El Salvador) gracias a una iniciativa de la congresista de origen guatemalteco Norma Torres. Los poderes fácticos en Guatemala están bajo sospecha desde dentro y desde fuera.
Casa del arte y memoria, San Juan Comalapa. ONU Mujeres, bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0.–