María Luisa Arredondo.Prácticamente no hay semana en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se vea sacudido por un nuevo escándalo de corrupción o conflicto de interés.
Ahora le tocó el turno al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien, de acuerdo con un reportaje publicado en la revista “Proceso” habría arrendado y posteriormente comprado una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec a un contratista gubernamental. Según el semanario, el inmueble tuvo un costo superior a los 50 millones de pesos y fue adquirido por la esposa de Osorio Chong a una empresa de Carlos Aniano Sosa Velasco. Este hombre obtuvo contratos millonarios cuando Osorio Chong era gobernador de Hidalgo y ahora es uno de los principales contratistas de Pemex.
Se trata, subraya Proceso, de la misma fórmula ya probada por Peña Nieto en la “Casa Blanca” y por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray en la residencia que compró en Malinalco: “Residencias lujosas, esposas adquirientes y contratistas consentidos por los funcionarios”.
Pese a las pruebas presentadas por “Proceso”, Osorio Chong rechazó de manera tajante ser propietario de inmuebles en el Distrito Federal y pidió a la revista que publicara el desmentido.
‘‘Niego categóricamente que la información de Proceso sea cierta y así se los hice saber en una carta que dirigí a su director, Rafael Rodríguez Castañeda. Ahí le hago saber también que ningún familiar mío tiene que ver con lo que afirma el semanario que dirige’’, agregó el también exgobernador.
En entrevistas con distintos medios, el político hidalguense aseguró que sólo tiene una casa en su estado natal.
Las revelaciones de “Proceso” volvieron a poner en entredicho la transparencia y honestidad del gobierno de Peña Nieto. El nuevo escándalo fue aprovechado por los coordinadores parlamentarios de la oposición que exigieron a Osorio Chong que despeje cualquier duda sobre las propiedades que tiene y la forma en la que las adquirió, al margen de que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación sobre el caso.
Aunque este nuevo escándalo hunde más al gobierno de Peña Nieto en materia de credibilidad, es difícil creer que la situación vaya a mejorar. Como ocurrió con los casos de las propiedades adquiridas por la esposa del presidente, Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, todo quedará finalmente reducido a un escándalo más sin consecuencias legales. Hasta ahora, no hemos visto avance alguno en las investigaciones de esos casos, tarea que supuestamente está a cargo de la Secretaría de la Función Pública porque, como bien sabemos, el titular de esa dependencia es, antes que nada, un amigo muy cercano del presidente y de todos aquellos que lo rodean.