Ordenan a una de las integrantes del jurado salir del caso; se tendrán que empezar de nuevo las deliberaciones
María Luisa Arredondo/Latinocalifornia.com
Una nube de incertidumbre ha cubierto el ambiente en Bell luego de darse a conocer que el juicio que enfrentan seis altos altos exfuncionarios de la ciudad se enfrentó ayer con un primer gran obstáculo debido a que una integrante del jurado fue expulsada por violar las normas de conducta establecidas. Como resultado de ello, las deliberaciones, que llevaban más de una semana, tendrán que empezar de nuevo.
La expulsión tuvo lugar después de que la jurado número 3, identificada solamente como una mujer de pelo blanco, le confesó a la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Kathleen Kennedy, que había entrado a un sitio legal en internet para buscar información sobre las instrucciones para los jurados y que le había pedido ayuda a su hija para saber el significado de la palabra “coerción”.
Debido a que ambas conductas están estrictamente prohibidas, la jueza decidió expulsar a la integrante del jurado. “Les advertí en repetidas ocasiones, probablemente cientos de veces, que no hicieran eso”, subrayó la magistrada.
Ese problema no fue el único que se presentó. Poco antes los miembros del jurado le habían notificado a Kennedy que luego de deliberar por casi una semana, habían entrado en una fase de estancamiento.
Los problemas aparentemente surgieron porque la integrante del jurado expulsada le manifestó a la magistrada que ella ya había tomado una decisión sobre el juicio y que no veía el punto de permanecer más tiempo con los demás jurados. Durante su intervención, la jurado estuvo a punto de revelar cuál era su postura, pero Kennedy se lo impidió.
En las primeras horas de la mañana del jueves, Patricia Kelly, vocera del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, informó que los miembros del jurado habían enviado una nota en la que informaban que estaban estancados en las deliberaciones debido a un desacuerdo con la jurado que finalmente fue expulsada.
La mujer se había quejado anteriormente de que era víctima de hostigamiento por sus compañeros en el jurado y había solicitado a la jueza que le permitiera abandonar el caso. Cuando Kennedy finalmente le ordenó que saliera de la corte, la mujer se retiró llorando.
LOS ACUSADOS
Los seis acusados en este caso, que se inició a finales de enero, son el exalcalde Óscar Hernández y los exconcejales Luis Artiga, Victor Bello, George Cole, Teresa Jacobo y George Mirabal. Todos enfrentan cargos por haber utilizado fondos públicos de la ciudad de Bell para pagarse a sí mismos salarios exorbitantes, de casi 100 mil dólares.
Los seis fueron arrestados en septiembre de 2010, junto con el entonces administrador Robert Rizzo y la asistente Angela Spaccia. A lo largo del juicio, la defensa ha insistido que el principal artífice de este fraude fue Rizzo, quien recibía casi 800 mil dólares anuales de sueldo, más beneficios por 700 mil dólares. Spaccia, por su parte, tenía un salario anual de más de 376 mil dólares. Ambos enfrentarán un juicio por separado.
La defensa ha manifestado también que los acusados fueron engañados y manipulados por Rizzo y que todos destinaban largas horas de su tiempo para llevar a cabo trabajo comunitario.
Sin embargo, la fiscalía ha declarado que los exmiembros del Concejo eran simples ladrones a quienes lo único que les interesaba era engordar sus billeteras a costa de los impuestos de los residentes de Bell, una ciudad habitada en su mayoría por trabajadores inmigrantes de origen latino.
A los jurados del caso se les dejó también la cuestión de decidir si los exfuncionarios acusados podían ampararse bajo el Acta Normativa de la Ciudad, que fue aprobada en una elección especial por menos de 400 votantes.
En opinión de los abogados defensores, esa acta les permite a los miembros del Concejo recibir pagos por sus servicios públicos.
Pero los fiscales argumentan que dicho documento, que es casi una constitución para la ciudad, estableció salarios fuera de toda proporción para los servidores públicos. En comparación, en las ciudades californianas de tamaño similar a la de Bell, los concejales reciben un pago de sólo $8,076 al año.
REACCIONES
Mientras tanto, en Bell las noticias sobre el juicio se recibieron con cierta preocupación, sobre todo por la posibilidad de que los acusados no sean castigados como se merecen.
El concejal Néstor Enrique Valencia dijo tener confianza en que se superen los obstáculos y los enjuiciados sean sentenciados a prisión. De lo contrario, dijo, va a haber mucha inconformidad.
“Lo que pase en el juicio va a afectar en la comunidad porque, si no los encuentran culpables, la gente se va a enojar más hasta con este concejo porque no han bajado los impuestos y se pueden bajar. Ahorita algunas personas en el concilio se quieren olvidar de lo pasado y, como dicen en inglés, esconderlo bajo la alfombra. Pero la comunidad se merece justicia”.
Roger Ramírez, quien ha vivido en Bell por casi 50 años, opina que todos los exfuncionarios acusados deben ir a prisión. “Ellos sabían todo lo que estaba pasando y lo estaban aceptando. Fingir ignorancia no es una diferencia. Ellos están tratando de argumentar eso de que no habían sido correctamente asesorados por el abogado de la ciudad de ese tiempo, pero levanta una bandera roja cuando empiezas a recibir esa exorbitante cantidad de dinero…, debes saberlo, tu conciencia va a indicarte esto sí es mucho dinero, qué pasa aquí, lo vas a cuestionar”
Sobre la nueva realidad en Bell, Ramírez manifestó que una de las principales preocupaciones de la gente es que no se están haciendo los cambios tan rápido pues “los concejales van muy despacio”.
*Bertha Rodríguez contribuyó a la elaboración de esta nota.