Los residentes de Bell han mostrado a través de protestas y manifestaciones su enojo por los elevados sueldos y prestaciones de los exfuncionarios de la ciudad. Foto; KCRW.Redacción de Latinocalifornia.com
Mientras seis de los exconcejales de Bell enfrentan juicio por los elevados salarios que percibían de manera ilegal a costa de los fondos públicos, ayer se dio a conocer que la ciudad pagó más de un millón de dólares para el fondo de retiro de 12 funcionarios, entre ellos varios que están en el banquillo de los acusados.
El pago más grande, de 930 mil dólares para 11 de los empleados, se hizo bajo el programa Sistema de Retiro para Empleados Públicos de California (CalPERS) que permite a quienes están cubiertos pagar hasta cinco años extra de servicio para acumular fondos para sus pensiones. Éstas se determinan de manera parcial por el salario más alto que percibió el empleado y el número de años que tiene en CalPERS.
Según CalPERS, los empleados deben pagar ellos mismos el tiempo extra. En el caso de Bell, sin embargo, la ciudad se hizo cargo de los pagos, aunque el Concejo nunca los aprobó. Por esta razón, CalPERS ha eliminado los beneficios extra de retiro para los funcionarios que estaban bajo el programa y ha puesto el dinero en una cuenta a disposición de la ciudad.
De acuerdo con información de Los Angeles Times, el actual administrador de la ciudad, Doug Willmore, manifestó que no estaba al tanto de lo costoso que era el programa de CalPERS y que la ciudad ha puesto bajo consideración la posibilidad de demandar a los que se beneficiaron de estos pagos.
La lista de funcionarios que iban a recibir estos beneficios incluye al exadministrador Robert Rizzo, por quien la ciudad pagó la mayor cantidad: 229, 241 dólares. También están el exalcalde Óscar Hernández, los exconcejales Teresa Jacobo, George Mirabal y George Cole, que actualmente están sometidos a juicio en Los Ángeles.
Otros de los beneficiados son Eric Eggenea, director general de servicios; Luis Ramírez, asistente de ingeniería; Annette Peretz, directora de servicios comunitarios; la exasistente Angela Spaccia y Lourdes García, directora de servicios administrativos.
Rizzo y Spaccia enfrentarán un juicio por separado por cargos de corrupción y fraude.
Pese a los elevados pagos de pensiones, el juez James Ahlers dictaminó que los pagos estaban dentro de lo legal porque en 2004 un empleado de CalPERS le dijo a Spaccia que no había problema. Sin embargo, el abogado de Bell, Steve Onstot, manifestó que ese empleado carecía de autorización para hacer esa afirmación. La Junta Directiva de CalPERS tomará una decisión al respecto el próximo mes.
Además de los pagos de CalPERS, la ciudad de Bell tiene su propio plan de retiro, uno de los más lucrativos en el estado.