
Bertha Rodríguez
En Cudahy, todo el mundo habla de que busca lo mejor para su comunidad. El reto para todos es convertir este deseo en realidad.
Luego de investigaciones realizadas por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el 22 de junio fueron arrestados tres funcionarios del concejo de esa ciudad: el exalcalde David Silva, el exconcejal Osvaldo Conde y el ex empleado de la ciudad Angel Perales. El primero fue senteciado a un año de prisión, el segundo espera sentencia programada para el 28 de febrero y el último fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. Los tres están acusados de recibir 17 mil dólares a cambio de permitir la apertura de un dispensario de marihuana.
Las prácticas de corrupción y abusos de poder que los residentes han denunciado no se limitan a los últimos cuatro años sino que algunos habitantes de Cudahy señalan que han existido durante décadas. Por ello, las acciones del gobierno municipal están más vigiladas por los ciudadanos y medios de comunicación y esto ha colocado al concejo en una posición que lo obliga a inclinarse hacia una rendición de cuentas y a la transparencia.
Dos de las medidas que recientemente adoptó el concejo de Cudahy fueron la renovación del contrato del administrador de la ciudad, Héctor Rodríguez y la contratación de tres empresas de comunicación.
La controversia
El 5 de febrero, tres miembros del concejo de un total de cuatro, votaron a favor de renovar el contrato del administrador de la ciudad, Héctor Rodríguez. Este contrato corre a partir del 2013 hasta el 2016, con un pago de 170 mil dólares anuales.
Igualmente, el concejo aprobó la contratación de tres empresas de comunicaciones para –de acuerdo al gerente de la ciudad-, mejorar la comunicación entre el concejo y los residentes. Este contrato es por 18 meses con un costo de cien mil dólares.
En opinión del candidato del grupo que se hace llamar los reformistas, Jack Guerrero, egresado de Harvard y Stanford en las carreras de economía y adminsitración de empresas, la renovación de este contrato representa un gasto excesivo. Dado que el contrato de Rodríguez se vence el 30 de abril, los candidatos reformistas creen que el actual concejo se precipitó en aprobar dicha renovación de contrato porque sospechan que Rodríguez pertenece al equipo de actuales concejales. Lo correcto, aseguran, hubiera sido que este contrato fuera sometido a votación después de las elecciones.
Los recursos para promover una mejor imagen de Cudahy, propone Chris García, otro de los candidatos y miembro de la organización Unidos Por Cudahy, podrían utilizarse en “restaurar servicios y programas para jóvenes y ancianos; para dar becas o pasantías de estudiantes”.
“La imagen de Cudahy se va a limpiar cuando tengamos mejores líderes”, afirma.
La inconformidad de los residentes se hace más evidente en estos días en que se acercan las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de marzo. De los seis mil electores registrados, se calcula que acuden a votar alrededor mil 400. Los candidatos redoblan esfuerzos para registrar a las personas para votar.
En la elección están en juego tres lugares del concejo a los que se han postulado un total de nueve candidatos.
“Estoy haciendo lo correcto”: Rodríguez

Por su parte, Héctor Rodríguez niega pertenecer a algún grupo de intereses dentro del concejo y dice que las acusaciones son hechas “por conveniencia política” de estos candidatos.
Explica que a raíz de las detenciones de los funcionarios de la ciudad, la empresa Joint Powers Insurance Authority, a través de la que es contratado, le dio un periodo de prueba como una forma de minimizar los riesgos de que otros empleados de la ciudad pudieran incurrir en incumplimiento de sus funciones.
Las medidas adoptadas fueron dar un entrenamiento completo a alrededor de 60 empleados de la ciudad para evitar accidentes de trabajo que pudieran representar demandas por compensación al trabajador. Otra de las condiciones fue que los concejales que resulten electos el 5 de marzo, tomen un entrenamiento sobre cómo gobernar la ciudad.
Respecto a su salario de 170 mil dólares por año, Héctor Rodríguez señala que va a ganar menos que otros administradores de ciudades vecinas, algunos de los cuales tienen un sueldo de hasta 200 mil dólares anuales.
Argumenta que un contrato de largo plazo permite aplicar programas de manera consistente y asegura que la renovación de contrato por mes, genera incertidumbre entre los empleados y el desarrollo de contratos y proyectos.
“Mi relación con los miembros del concilio no es individual. Es muy profesional y ellos sólo me pueden dar órdenes en una junta pública, no a puerta cerrada”, aclara.
Dice que a los seis meses de que asumió el cargo como administrador de la ciudad, se llevó a cabo el arresto de los tres funcionarios de gobierno y desde entonces, ha tomado los pasos necesarios para que la ciudad salga adelante. Incluso, informa que hubo cambio de personal en un 80 por ciento.
Sostiene que desde que entró a trabajar a la ciudad en agosto de 2011, realizó una auditoría en el Departamento de Parques y Recreaciones y logró que la compañía CDF, de servicios de recolección de la basura, pagara un millón de dólares por concepto de licencia para operar en la ciudad. Mientras ellos tengan contrato en Cudahy, pagarán al erario 200 mil dólares cada año.
Informa que en mayo del año pasado, suspendió a Angel Perales, el empleado de la ciudad encargado de supervisar las viviendas (code enforcement), y lo despidió el 19 de junio, sin saber que al mismo tiempo, el FBI realizaba la investigación que llevaría a su arresto el 22 de junio.
Comenta que fue él quien propuso que las elecciones fueran realizadas por el condado para descartar acusaciones de manipulación de resultados por parte del concejo. Considera que la inversión de cien mil dólares para que el condado se haga cargo de las elecciones, vale la pena porque dará legitimidad al proceso.
Invita a los ciudadanos a que vayan ver “que no estamos haciendo nada sucio”.
Como aministrador de la ciudad, Héctor Rodríguez sostiene que él no está a favor de ningún candidato y negó tajantemente que tenga algo que ver con los funcionarios bajo proceso legal. También descarta cualquier vínculo que no sea de trabajo, con los actuales miembros del concejo.
El concilio contrató a las empresas Milagros Strategy Group, GFC y Tripepi Associates, informa Rodríguez, no sólo para promover una buena imagen de la ciudad sino para mejorar la comunicación con los habitantes de Cudahy. Cita como ejemplo, la actualización de la página de internet de la ciudad para que los residentes encuentran fácilmente lo que necesitan.
“Tengo el respaldo moral de que estoy haciendo las cosas bien y por eso puedo dormir tranquilo”, concluye.