Comienza el juicio contra seis ex funcionarios de Bell

 

Seis de estos ex funcionarios serán enjuiciados a partir de hoy.

María Luisa Arredondo

Han pasado ya dos años y medio de que estalló  el escándalo de corrupción en Bell, cuando se descubrió que los más altos funcionarios de esa ciudad se habían apropiado indebidamente de fondos públicos para pagarse a sí mismos salarios exorbitantes. Esta semana, finalmente, empezará el juicio contra seis de los involucrados.

La selección del jurado dará comienzo hoy y las autoridades estiman que el juicio podría durar unas siete semanas.

Los funcionarios que enfrentarán hoy a la justicia son el exalcalde Óscar Hernández, la exvicealcaldesa Teresa Jacobo y los concejales Luis Artiga, George Mirabal, George Cole y Víctor Bello. En conjunto enfrentan 20 acusaciones por apropiación indebida de fondos.

En esta lista no se encuentra el exadministrador de la ciudad,  Robert Rizzo ni la ex asistente administrativa Ángela Spaccia. Ambos enfrentarán un juicio aparte debido a que su papel en el escándalo de corrupción fue clave.

Los malos manejos de estos funcionarios salieron a la luz como resultado del trabajo de dos reporteros del diario Los Angeles Times, quienes al hacer una investigación sobre Maywood descubrieron que en Bell el administrador y otros funcionarios de alto nivel se habían asignado sueldos totalmente fuera de proporción.

Según consta en el Registro Público de California, Rizzo recibía 763,637 dólares al año (casi el doble de lo que percibe el presidente de Estados Unidos). Si a esta cantidad se le agregan los beneficios, la suma ascendía a 1.5 millones de dólares. Por su parte, Angela Spaccia, ganaba 376,288 dólares anuales, más que el administrador de más alto rango en el condado de Los Ángeles. El jefe de la policía, Randy Adams, percibía 457,000, un 33% más que el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Además,  todos lo concejales, con excepción de uno, recibían 100 mil dólares por su trabajo de medio tiempo. En comparación, los concejales de ciudades similares a Bell tienen en promedio un sueldo de 4,800 dólares al año.

Para pagarse estos salarios, los funcionarios  de la ciudad aumentaron de manera ilegal los impuestos a las propiedades y establecieron un “impuesto de retiro” para cubrir los crecientes costos de pensión para sus empleados. Y no sólo eso. Redujeron el número de policías y cortaron otros importantes servicios públicos.

La fiscalía ha acusado a los seis funcionarios que a partir de hoy serán enjuiciados de abusar de su poder para apropiarse ilegalmente del erario público a costa de los residentes de la ciudad, en su mayoría inmigrantes de origen latino y de clase trabajadora. Se espera que los fiscales cuenten con los testimonios de los empleados de la ciudad que se dieron cuenta de los malos manejos de Rizzo.

Los abogadores defensores sostienen que el alcalde y los concejales trabajaron muy duro para ganar los sueldos que tenían pues sus funciones iban más allá de las reuniones del concejo, ya que participaban en actividades comunitarias para beneficiar a los sectores más desprotegidos de la ciudad. Se prevé, asimismo, que argumenten que sus defendidos no estaban al tanto de los malos manejos de Rizzo.

Para los residentes de Bell, este juicio será una oportunidad para comprobar si, de verdad, se puede decir que la ciudad ha empezado a cambiar.

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