Charlotte (EFE).- Un comisionado de una localidad de Carolina del Norte propone investigar el estado migratorio de los estudiantes extranjeros del sistema escolar de la zona para cobrar a sus países de origen por su educación.
Bill James, representante del Distrito 6 del condado Mecklenburg, que incluye a Charlotte, la ciudad más grande del estado, presentará la iniciativa a la Junta de Comisionados, con el fin de determinar el impacto económico de los “sin papeles”.
El republicano argumenta que la decisión de la Corte Suprema de no prohibir a los sistemas de educación pública del país admitir a estudiantes indocumentados desde el preescolar al décimo segundo grado, no incluye “estimar sus costos”.
“Este debate es sobre los ‘ilegales’ del Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) y cuánto cuestan a los contribuyentes. Quiero saber esa cantidad para pedir el pago a naciones como México, Venezuela, Nicaragua, o de donde provengan”, declaró James al canal local de noticias WBTV.
Según James, quien en 2008 irritó a la comunidad hispana al comparar a los indocumentados con “prostitutas y narcotraficantes”, en CMS hay un “gran número de indocumentados” inscritos en el programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL).
Según estadísticas de CMS, de los 138,012 alumnos de Charlotte-Mecklenburg, el 17.5 % son hispanos y solo 15,505 (incluyendo a estudiantes de otras razas) tienen dificultades para dominar el idioma inglés.
“Esto es completamente irresponsable, atacar al grupo más vulnerable y pequeño de nuestra comunidad para obtener ventaja política”, afirmó Jess George, directora ejecutiva de la Coalición Latinoamericana en Charlotte.
“Si James quiere ahorrar fondos a los contribuyentes, no debe proponer ordenanzas anticonstitucionales, cuya defensa costará mucho dinero al condado como ha pasado en otras partes del país. Sus argumentos están basados en mitos”, apuntó.
Hace dos años, James, que busca su reelección en noviembre para un quinto periodo, propuso que el Departamento de Servicio Sociales entregara al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la lista de padres indocumentados que solicitaron asistencia para sus hijos nacidos en Estados Unidos.
Recientemente, el estado de Alabama aprobó una legislación que otorga el poder a la Junta Estatal de Educación de realizar un estudio del impacto de los indocumentados en las escuelas.