Orlando (Florida), 3 ago (EFE).- Un grupo de derechos civiles latino demandó a las autoridades del condado de Orange (centro de Florida) por discriminar a la comunidad hispana al aprobar el nuevo mapa electoral de la región.
La demanda judicial fue interpuesta este jueves por Latino Justice en representación de un grupo de residentes puertorriqueños de Orange, que consideran que el nuevo mapa electoral elimina las posibilidades de que un hispano pueda ser elegido en algún distrito en las próximas elecciones de noviembre.
Los demandantes, que se oponen al nuevo mapa electoral aprobado por la Junta de Comisionados del condado en noviembre de 2011, piden la anulación de esta redistribución de los distritos electorales, que consideran ilegal.
También buscan que el juez federal impida la realización y supervisión de elecciones electorales en Orange, bajo el actual mapa electoral.
“Los latinos representan una porción muy significante del crecimiento de este condado y lo único que estamos pidiendo es contar con una porción justa (del poder gubernamental)”, justificó en la demanda Zoraya Ríos-Andino, activista de la comunidad puertorriqueña.
Los demandantes argumentan que la población hispana de Orange, donde el 45 % de la población es de origen latino tras doblar su número en la última década, según datos del Censo, sigue discriminada al no ser tomada en cuenta para la redistribución de los distritos electorales.
En noviembre pasado, la Comisión de la Junta de Gobierno de Orange aprobó un mapa electoral en el que el Distrito 3 incluía a un 45 % de la población hispana.
Este plan es contrario a los planes presentados por líderes hispanos durante las reuniones de diseño de los nuevos distritos y que incluían la creación de un distrito con el 51% de votantes hispanos.
Con la aprobación del mapa electoral, aseguran los demandantes, se reduce el 3 % del voto de los hispanos en ese sector del este de Orange.
En su demanda, la organización sin fines de lucro que lucha por los derechos civiles de los hispanos señaló que tienen la “evidencia para probar que estos nuevos mapas ignoran a la comunidad latina”.
Los demandantes piden además al tribunal que marque una fecha límite para que la Junta de Gobierno de Orange se reúna y adopte un nuevo plan de redistribución de distritos electorales que no “diluya, obstruya o minimice la fuerza del voto latino”.