(EFE) – La familia del inmigrante mexicano Anastacio Hernández Rojas, quien murió en 2010 a manos de la Patrulla Fronteriza, dijo que la configuración de un gran jurado para enjuiciar a los agentes implicados es un paso para obtener justicia.
María Puga, esposa de Anastacio y quien encabezó un movimiento nacional para exigir al presidente, Barack Obama, la conformación del gran jurado, señaló que confía que con esto “el Gobierno vaya a hacer justicia”.
“Es la consecuencia de la presión de la gente y de que se hiciera público el vídeo que muestra la agresión”, consideró la esposa del inmigrante.
Un documental de la cadena de televisión pública PBS, emitido en abril pasado, incluyó imágenes de lo sucedido y testimonios de dos testigos oculares, lo que, de acuerdo con Christian Ramírez, de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC), prueba que se trata de “un caso de tortura e injusticia”.
Ramírez dijo que, pese a que la conformación del gran jurado es un proceso secreto, se puede predecir que es un “paso previo a la presentación de cargos penales a los responsables de este homicidio”, aunque reconoció que desconocen “qué tipo de cargos, contra quienes o qué evidencia se vaya a presentar”.
Para el activista, el que la familia de Hernández haya tomado un perfil público y que se esté involucrando con las familias de otros ocho residentes de comunidades fronterizas muertos a manos de la Patrulla Fronteriza desde 2010, es significativo.
“Es importantísimo que sean las familias quienes encabecen la lucha por la justicia y que tengan un impacto en las comunidades, porque les permite pasar de víctimas a ser actores sociales, aliviando así el dolor del trauma de perder a un ser querido”, dijo Ramírez.
“El problema de raíz no se puede resolver en las cortes, es uno de política en la que la operación de la Patrulla Fronteriza debe reformarse para eliminar su impunidad, que ha creado una cultura de corrupción”, consideró Ramírez.
El activista anunció que la semana próxima irá a Washington, D.C. para seguir el caso con motivo de la emisión, el próximo 20 de julio, de un nuevo documental con más imágenes sobre el caso y que servirá para analizar la relación entre la frontera y los agentes federales.
María Puga confirmó que sus abogados están preparando también una demanda civil, independiente del gran jurado que se ha conformado, porque debido a la ausencia de su marido su familia ha pasado grandes dificultades económicas.
“Mis cinco hijos, que tienen entre 6 y 22 años, me siguen preguntando sobre la pérdida de sus papá, el porqué lo mataron, y no puedo responderles. Después del segundo vídeo, ha sido incluso más difícil y por eso estamos todavía en la lucha, pidiendo justicia y cárcel contra los responsables”, dijo Puga.
La esposa de Anastacio recalcó que no se trata de un caso relacionado con su estatus inmigratorio, sino de abuso de poder y autoridad: “Ellos nunca se pusieron a pensar que tenía una familia y cinco hijos que lo estaban esperando y que había sido residente de Estados Unidos por mas de 25 años”.
La conformación del gran jurado representa un cambio en la posición del Gobierno federal sobre el caso, que hasta ahora había guardado silencio y había mantenido su política, lo que supone que la Patrulla Fronteriza continúa sin tener los mecanismos de control que otras agencias de aplicación de la ley, dijo Ramírez.
El documental emitido por PBS mostraba a “una docena de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza rodeando a Hernández mientras él yace boca abajo, con esposas, mientras es golpeado y sujeto cinco veces al impacto de la pistola eléctrica, al tiempo en que clama por su vida”, indicó Ramírez.
Hasta el momento no se tiene evidencia de agentes disciplinados o apartados de sus puestos y se desconocen detalles sobre la docena de agentes implicados en este suceso, aseguró Ramírez.