Por Roberto Alvarez Quiñones
Uno de los mayores éxitos que han tenido los hermanos Castro en su régimen de 53 años y cinco meses –récord mundial en la historia moderna—es paradójicamente el menos visible de todos, al menos a nivel internacional: el de Cuba es el único gobierno del mundo que siendo militar se presenta como civil y así es aceptado.
Si un general es presidente de una nación sin haber sido elegido nunca en unos comicios legítimos es calificado de dictador militar. Y si quienes lo acompañan en su entorno cercano de poder son también generales o coroneles, nadie duda en llamarla dictadura militar.
Esta regla se aplica a todos los países del planeta con excepción de Cuba, desde que en 1959 el Comandante en Jefe de un ejército rebelde, Fidel Castro, sustituyó violentamente al general Fulgencio Batista, un golpista que sí había sido reconocido internacionalmente como dictador por siete años.
Las últimas elecciones democráticas en la isla tuvieron lugar en 1948. En marzo de 1952, tres meses antes de los siguientes comicios, el candidato Batista estaba muy abajo en las encuestas, y apoyado por Washington (que temía que tomara el poder el Partido Ortodoxo, al que asombrosamente consideraba “comunista” cuando en realidad era anticomunista) dio un golpe de Estado.
Desde entonces, durante 60 años, Cuba ha tenido únicamente tres gobernantes, militares los tres. En abril de 2011, cuando por enfermedad dejó ser el “jefe de jefes”, Castro en vez de convocar elecciones o un plebiscito (como hizo Pinochet) pasó el mando a otro general, su hermano Raúl, quien al ser designado Primer Secretario del Partido Comunista (PCC) devino nuevo “número uno” de la nación según establece la Constitución socialista.
Castro II reforzó el carácter militar del régimen al nombrar a generales y coroneles en sustitución de civiles en el gobierno y el Partido. Por cierto, eso contrasta con Batista, quien en su afán de presentarse como “demócrata” cuidaba la forma: no se vestía de general y su gabinete estaba integrado por civiles, aunque se sabía que el verdadero poder estaba en Columbia, donde radicaban los generales amigos del dictador.
El 2 de mayo de 1959, al hablar en Buenos Aires ante el Consejo Económico de los 21, Castro dijo: “¿Qué sería de América si los gobiernos constitucionales que hoy existen caen en manos de minorías armadas?” Más de medio siglo después es su gobierno (continuado por su hermano) el único castrense que hay en el continente.
Pero la comunidad internacional no tiene cómo saberlo. Los medios no hablan de eso. No importa que gobierne un grupo de generales que en Argentina, Chile, o Bolivia, sería llamado dictadura militar. Incluso, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, considera que el “presidente” de Cuba es legítimo y que el país puede regresar a esa organización, pese a que la Carta Democrática prohíbe la membresía de naciones con presidentes no elegidos popularmente.
La ‘creme de la creme’
Se da la singularidad de que incluso algunos generales y comandantes omnipotentes no integran formalmente el Buró Político, constitucionalmente la máxima instancia de poder en Cuba. Pero poco importa ese “detalle”, pues sí forman parte de la élite militar suprema que dirige el país al margen del Estado, el PCC y el gobierno.
Se trata de 12 generales, comandante y coroneles que cual dioses del Olimpo están por encima del bien y del mal. Ocho de ellos pertenecen al BP, incluyendo los cuatro generales más poderosos de la nación, además de Raúl Castro: Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Abelardo Colomé, ministro del Interior; Alvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y Jefe de su Estado Mayor, y Ramón Espinosa, viceministro de las FAR. Les siguen el comandante José Machado Ventura, primer vicepresidente del Estado y segundo secretario del PCC; el coronel de inteligencia Marino Murillo, vicepresidente del gobierno a cargo de la “actualización” del modelo económico socialista, y el comandante de la Revolución Ramiro Valdés.
Los cuatro de esa cúspide militar dictatorial no miembros del BP, son: el comandante Fidel Castro, quien sigue siendo la figura más influyente del régimen pese a estar supuestamente jubilado; el general José Amado Ricardo, secretario ejecutivo del gobierno (primer ministro en funciones); el general Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Interior; el general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR; y el coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno del dictador a cargo de toda la actividad empresarial y las finanzas de las FAR.
Esos 12 hombres toman las decisiones clave y trazan la estrategia política y económica del país. Ese fue el “estilo” de poder paralelo que impuso Fidel durante décadas con su “Grupo de Apoyo del Comandante en Jefe”, que era el verdadero gobierno cubano.
Lo cierto es que ni el Consejo de Estado, ni el Consejo de Ministro, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni el Comité Central del Partido, deciden nada importante en Cuba. Esas instancias sólo dan curso legal a lo decidido por el dictador, con el visto bueno de su hermano, “los 12”, y la aprobación formal del BP.
No obstante, “porsia”, cinco de los ocho vicepresidentes del Consejo de Ministros son también militares (el 62%). Al primer vicepresidente (Machado) le siguen el general Ulises Rosales del Toro, el general Antonio E. Lusson, el coronel Marino Murillo, y el comandante Ramiro Valdés.
A principio de los años 80 el director del diario “Granma”, Jorge Enrique Mendoza (tenía grado de coronel), me confesó que tenía que viajar a la ciudad de Trinidad, en el centro de la isla, porque no la conocía e iba a ser elegido diputado por dicho municipio en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como Mendoza (ya fallecido) hay en el Parlamento cubano decenas de generales, coroneles y tenientes coroneles que son diputados por municipios que no conocen, pues ni son de allí, ni han vivido allí.
Aprovechando la percepción que hay en el mundo de que las autoridades cubanas son civiles y auténticas, La Habana se pone a la par de los demás gobiernos y exige a otros derechos que no hay en la isla.
El único país de Occidente en el que es delito llevar encima la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es Cuba. El castrismo habla en Ginebra de derechos humanos mientras mete en la cárcel –por “propaganda enemiga”- a quien se atreve a defender de palabra alguno de los 30 artículos de dicha declaración, aprobada por la ONU en París en 1948, que tuvo su génesis en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada, también en París, durante la Revolución Francesa.
En fin, en Cuba el poder no emana del pueblo –que es quien lo legitima, como diría Jean-Jacques Rousseau- sino de un grupo de militares integrantes de una Junta Militar que de hecho es “invisible”, pues ni se ve, ni se habla de ella nunca.