Los Ángeles (EFE).- Los padres de los estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles serán notificados dentro de las 72 horas siguientes cuando un profesor sea acusado de abuso sexual, según una nueva política del distrito escolar.
Ante una propuesta de los representantes del Valle de San Fernando, Tamar Galatzan y Nury Martínez, la junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) aprobó ayer la política que ordena informar a los padres de familia dentro de los tres días siguientes a la presentación de una denuncia de abuso sexual contra un profesor.
“La avalancha de casos relacionados con abuso sexual en los meses recientes ha llevado a una revaluación de nuestros procedimientos de reportes”, anunció en un comunicado John Deasy, superintendente de educación del distrito.
El anuncio de la política -que aplica solo para profesores y otros empleados certificados- se hizo horas después de que se confirmara otro caso de un profesor acusado de abuso en una escuela intermedia en Winnetka, al noroeste de Los Ángeles.
Un maestro no identificado de la escuela Sutter fue retirado de las clases tras ser acusado de tocar inapropiadamente a dos alumnas. La denuncia fue presentada ante los administradores de la escuela por otro profesor, confirmó el LAUSD.
En los últimos tres meses se ha sabido de más de media docena de casos de abuso de profesores o empleados contra estudiantes en las escuelas del condado de Los Ángeles.
El caso de Mark Berndt de la escuela elemental Miramonte -de mayoría de alumnos hispanos y quien se encuentra en la cárcel acusado de 23 casos de abuso sexual contra estudiantes- sólo fue informado a los padres cerca de un año después del inicio de la investigación.
El miércoles la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Marcelita Haynes negó la solicitud de Víctor Acevedo, abogado de Berndt, para reducir su fianza de 23 millones de dólares a 1 millón.
“Trabajando muy de cerca con las autoridades, creemos que hemos logrado un plan que sirve de la mejor manera a las necesidades de los padres y los profesores y al mismo tiempo no impide las posibles investigaciones criminales”, señaló Deasy.