Agustín Durán
Los Ángeles.- Tres veteranos de guerra y un soldado que ingresaron a las Fuerzas Armadas después del 11 de septiembre del 2001 fueron en repetidas ocasiones a Irak y Afganistán a luchar, y aunque finalmente lograron la tranquilidad de las familias estadounidenses, ahora temen perder su batalla contra las autoridades de inmigración.
Guadalupe Acosta, de 26 años, y Rodolfo Torrentos, de 31, son ambos veteranos de guerra y ciudadanos estadounidenses que se casaron después de haber cumplido sus obligaciones con el ejército y U.S. Navy, respectivamente; sin embargo, ahora las leyes que rigen la sociedad por la que lucharon pudieran separar sus familias.
De acuerdo con las actuales leyes de inmigración las esposas de ambos, que llegaron a Estados Unidos cuando niñas, deben salir de Estados Unidos a cumplir un castigo de 10 años para poder conseguir su residencia permanente.
“Entré a los 17 años al Ejército y fui dos veces a Afganistán y una a Irak”, expresó Acosta. “Cuando regresas de la guerra no estás bien porque pierdes muchos amigos que son como tu familia, y aunque lo quieras olvidar no puedes”.
Por su parte, Torrentos indicó que lo único que están pidiendo es que los veteranos sean tratados con los mismos derechos que tienen los soldados en activo.
“Deberían de tener las mismas consideraciones con nosotros porque ya servimos a nuestra patria y arriesgamos todo por salvaguardar la paz en esta gran nación”, expresó el joven que iba con su esposa y su hijo de tres años.
La abogada Jessica Domínguez explicó que con las leyes actuales ninguna de las esposas califica para arreglar sus documentos dentro de Estados Unidos, porque como son veteranos de guerra ya no califican y sus esposas tendrían que salir del país.
Una de esas familias es la de Humbertina Carranza, quien tiene dos hijos: Sandra García, que actualmente está en el Ejército, y su hermano Marco, que acaba de terminar su servicio en el U.S. Navy; pero ninguno puede arreglar documentos a su madre sin que ella tenga que salir del país por lo menos 10 años.
La señora Carranza indicó que ella hubiera podido arreglar con la amnistía de 1986, pero debido a la falta de recursos nunca pudo presentar la petición. “Era madre soltera y con cinco hijos, mi prioridad era trabajar y darles de comer. Fue por eso que no pude someter mi petición”.
La abogada Domínguez subrayó que en el caso de la familia Carranza, la madre es tan importante como lo son las esposas y los hijos para Acosta y Torrentos. Agregó que en ello radica la importancia de lograr una excepción para todas las familias que puedrían verse separadas a pesar de haber servido en las Fuerzas Armadas del país.
De acuerdo con información de la organización America’s Voice en Estados Unidos, el 12% de los soldados de las Fuerzas Armadas no son ciudadanos estadounidenses, lo que significa que posiblemente miles de soldados están en la misma situación que los García, Torrentos y Acosta.