Washington, D.C,- La Suprema Corte de Estados Unidos anunció hoy revisará la demanda presentada por el gobierno de Barack Obama contra la ley de inmigración de Arizona SB1070. Aquí, el reporte de la agencia Télam.
La controvertida norma aprobada en abril de 2010, que convierte en delito penal la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado, choca -de acuerdo al recurso presentado por el gobierno- con las leyes federales.
Un vocero del alto tribunal norteamericano dijo que los jueces probablemente escucharán los argumentos del caso en abril, y que el fallo podría estar para julio próximo, informó la agencia de noticias DPA.
Al momento de presentar la ley, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, afirmó que “fue el único camino que tuvo el estado para decir que ya no esperaremos pacientemente” hasta que Washington se decida a actuar contra inmigración ilegal.
La SB1070 -conocida como ley antiinmigrantes- desató una oleada de duras normativas para regular la inmigración en otros estados, como Alabama, Carolina del Sur y Utah, así como fuertes protestas del gobierno estadounidense, de activistas proinmigrantes y gobiernos extranjeros, sobre todo latinoamericanos.
La norma fue denunciada sobre todo por su potencial discriminatorio, ya que autorizaba a la policía a exigir la identificación a personas detenidas por una infracción menor si tienen la “sospecha razonable” de que podría no estar legalmente en el país.
Entró en vigor en julio del año pasado, pero sus artículos más controversiales fueron bloqueados por la jueza Susan Bolton -que lleva la denuncia presentada por el gobierno federal- tras considerar que la iniciativa “perjudica a extranjeros legalmente residentes en el país, incluso a norteamericanos, ya que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado”.
En esa oportunidad, Bolton paralizó también otros artículos, como el que aceleraba el trámite de deportación o el que convertía en delito no portar documentos, mientras dejó vigentes aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a quienes contrataran indocumentados.
El gobierno de Obama demandó la norma bajo el argumento de que, según la Constitución, la ley federal tiene preeminencia sobre la estatal y que temas como la inmigración son prerrogativa del gobierno central y no de los ejecutivos estatales.
Pese a las protestas que provocó, varios estados siguieron su ejemplo y aprobaron otras normativas similares, entre ellos el de Alabama, cuya legislación está considerada la más dura hasta la fecha y que exigía a las escuelas comprobar el estatus migratorio de los niños inscritos en los colegios, punto que fue bloqueado por un juez hasta que se asuma una decisión general sobre la ley.
Según destacaron medios como The Wall Street Journal, con esta decisión la Corte Suprema asumió un segundo caso de alto perfil político concerniente al gobierno de Obama precisamente de cara al agitado año electoral que se avecina, después de que también admitiera el mes pasado la reforma de la salud del mandatario norteamericano, recurrida por la oposición republicana. (Télam).-