
La marihuana, el éxtasis y las metanfetaminas están en gran demanda. La reputación de los Estados Unidos como consumidor premier de drogas ilícitas ahora se apoya en estadísticas reveladas por el propio gobierno, las que indican el más alto incremento en adicciones en casi una década.
Simultáneamente y en concordancia con la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, la administración Obama ha identificado una veintena de países como grandes productores o plataformas del tráfico de drogas. En otras palabras, se trata de la lista negra de los países inmersos en narcotráfico entre los cuales por supuesto se encuentra su vecino inmediato, México.
Según el reporte anual de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, casi 22 millones de estadounidenses mayores de 12 años admitieron haber usado drogas ilícitas durante el último año; mientras los países incluidos en la citada lista atribuyen el vigor del narcotráfico a la demanda de un mercado insaciable y en continua expansión.
Los cambios de consumo en Estados Unidos durante 2009 incluyen desde un incremento de 8 por ciento en el uso de marihuana y de 37 por ciento en el consumo de éxtasis, a un alarmante aumento de 60 por ciento en el número de usuarios de metanfetaminas.
Ciertamente la percepción sobre la magnitud del impacto que el uso de las substancias ilícitas puede causar tanto individual como socialmente, ha cambiado también en los últimos diez años. En noviembre por ejemplo, el electorado de California decidirá sobre la legalización del uso de marihuana, mientras que la venta de esa droga en los 14 estados que lo permiten se ha disparado desde que el gobierno federal expresó que no procesaría penalmente a los vendedores de marihuana que se apeguen a las reglas estatales.
Hay quienes opinan que mientras el uso medicinal es justificado, el uso ‘recreativo’ de la marihuana tiene el potencial de ‘dispararse’ una vez que sea legalizada. De hecho, el Alguacil del Condado de Los Ángeles Lee Baca, recientemente ha encrudecido su cruzada contra los dispensarios de marihuana medicinal en California, asegurando que el 97 por ciento de los mismos operan como empresas criminales.
Baca acusa que algunos de estos establecimientos se abastecen de los cárteles mexicanos y que distribuyen la droga a personas que no tienen una necesidad médica de consumo.
La revisión de estos datos nos lleva a la reflexión inevitable sobre la disparidad e incongruencia de estrategias anti-narcóticos entre Estados Unidos y México, pues tan solo al sur de la frontera la guerra contra el narcotráfico ha cobrado cerca de 30,000 vidas; mientras de este lado la tendencia es hacia la legalización –por lo pronto de la marihuana- y no existe ni hay interés en una estrategia para reducir los índices de consumo, cada día en mayor aumento. Una paradoja.
Cierto es que los cárteles mexicanos se han convertido en proveedores muy importantes de marihuana, cocaína, metanfetaminas, y heroína al mercado de Estados Unidos y por ley, el Ejecutivo estadounidense debe publicar anualmente la lista de países que cooperan en el esfuerzo contra el tráfico de drogas ilícitas.
Así, en memorándum enviado la semana pasada por el presidente Obama a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, se incluyó Afganistán, Bahamas, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, como países productores o rutas del tráfico de drogas.
No obstante, el documento destaca el hecho de que México y Colombia continúan aplicando presión contra los cárteles del narcotráfico, aunque se advierte sobre los graves desafíos que han surgido en Centroamérica luego del repliegue de los grupos criminales hacia esa zona.
Pero, este acto estadounidense de ‘certificación’, es enérgicamente cuestionado por su carácter de intromisión en los asuntos internos de los estados, al fungir como calificador de la actuación de los gobiernos extranjeros, erigiéndose en juez y pasando por alto las omisiones propias, como lo es la inexistencia de un esfuerzo tangible para disminuir el consumo doméstico de narcóticos, o combatir la infraestructura financiera de las mafias internacionales que operan en su territorio.
El asunto es que este proceso de certificación tiene implicaciones mas allá de un mero señalamiento o calificativo moral; su importancia real radica en que condiciona la ayuda financiera estadunidense a los países comprometidos en el citado objetivo.
Bajo la óptica de la “certificación”, los ‘malos’ son siempre los que producen y trafican la droga a los Estados Unidos mientras los estadunidenses son sólo las víctimas convertidas en consumidores por fuerza de la accesibilidad al menudeo en las escuelas y calles del país; y por medio de redes ‘elite’ de distribución que terminan victimando a la pujante generación de individuos que mueven Wall Street y Hollywood.
Lo criticable es que esta percepción omite el lado inverso del problema. Es decir, el impacto de los niveles de consumo, ya que en concreto, es éste el principal motor que mueve al tráfico de drogas y el que determina el precio, de acuerdo al principio dúctil de la demanda.
En el caso de México, es cierto que la guerra contra las drogas tal y como Calderón la lleva a cabo, se está perdiendo. Basta con ver las los recursos invertidos y las vidas empeñadas. Atacar el problema solo con balas en un intento de bloquear la oferta no solo es insuficiente, sino que ha resultado contraproducente. El combate frontal al narcotráfico requiere de una estrategia y de atacar todos los aspectos de la problemática, incluyendo como se ha mencionado, el motor financiero del narco, aspecto que el presidente mexicano simplemente no ha sabido o no ha querido enfrentar y el cual también cuenta con una red de corrupción extendida dentro de los Estados Unidos, y que se refuerza ante la indiferencia de la administración Obama.
Lo más fácil en esta trama son las poses protagónicas ante la comunidad internacional. Los gobiernos tanto consumidores como productores así como los que fungen como mera ruta de tránsito deben emprender y continuar un combate contra la industria del narcotráfico atacando todos los frentes: el cultivo, producción, distribución y hasta el corazón financiero a través de la confiscación de activos, de fuentes de lavado de dinero y el congelamiento de cuentas bancarias.
La solución no puede ser otra que un verdadero compromiso y cooperación internacional que ataque todos los eslabones del problema. Estados Unidos debe asumir su parte en este compromiso empezando por reconocer su grave papel de consumidor y abandonar la definición simplista que explica el problema desde la perspectiva de “redentores” y “villanos”, abordando el tema con soluciones planteadas entre otros desde los escenarios de la educación pública, el tratamiento, rehabilitación y prevención, desmantelamiento de infraestructuras de blanqueo de capitales, desvío de precursores químicos y el tráfico ilícito de armas.
En el entendido de que la eliminación de la producción y el consumo de drogas no es algo factible; se debe trabajar a partir de la noción realista de que este complicado problema, con voluntad política, tan solo se pude llegar a controlar.
-Aurelia Fierros es periodista independiente con más de 20 años de experiencia en TV, radio y prensa escrita.