María Luisa Arredondo*
Las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelven a encender los focos rojos sobre los abusos de autoridad, el uso de la fuerza y las condiciones inhumanas en las que permanecen miles de inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Las denuncias de un ciudadano estadounidense arrestado en Long Beach, California, que sufrió una fractura en el brazo durante un operativo, y la muerte de un detenido en Texas presuntamente relacionada con la falta de medicamentos, exigen una investigación exhaustiva y una respuesta contundente de las autoridades federales.
El caso de Long Beach resulta particularmente grave. Si se confirma que un ciudadano estadounidense fue detenido y lesionado durante un operativo migratorio, las autoridades deberán explicar qué ocurrió, por qué se utilizó la fuerza y si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos. La ciudadanía tiene derecho a exigir que cualquier actuación policial sea proporcional, justificada y sujeta a rendición de cuentas.
La seriedad del asunto va más allá de una detención individual. Cuando los agentes federales realizan operativos que generan temor, confusión y posibles violaciones de derechos, se debilita la confianza de las comunidades en las instituciones encargadas de protegerlas.
Todavía más alarmantes son las denuncias sobre las condiciones en los centros de detención migratoria. La muerte de un inmigrante en Texas, posiblemente por falta de medicamentos, plantea interrogantes que no pueden quedar sin respuesta. Quienes permanecen bajo custodia del Gobierno dependen de las autoridades para recibir atención médica, alimentación adecuada y condiciones mínimas de seguridad. Esa responsabilidad no desaparece porque una persona carezca de documentos migratorios.
Nadie debería morir por no recibir un medicamento que necesita. Tampoco es aceptable que las personas detenidas sean sometidas a condiciones degradantes, negligencia médica o tratos que pongan en peligro su integridad física.
El Gobierno federal debe investigar de manera independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, garantizar atención médica oportuna en los centros de detención y hacer públicos los resultados de las investigaciones sobre muertes bajo custodia. Los responsables de negligencia o abuso, si los hubiera, deben rendir cuentas. Asimismo, el Congreso debe ejercer una supervisión efectiva sobre ICE y exigir transparencia en sus operaciones.
La seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Por esa razón, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado la decisión correcta al exigir que se efectúe una investigación penal en Estados Unidos que esclarezca el maltrato que reciben los inmigrantes. Hay que subrayar que son ya 18 los mexicanos que han muerto a manos de ICE desde que Donald Trump asumió la presidencia por segunda vez.
Estados Unidos no puede defender la libertad y el Estado de derecho en el mundo mientras tolera que, dentro de sus propias fronteras, las personas bajo custodia gubernamental sufran abusos o mueran por una atención médica insuficiente. La ley debe aplicarse, sí, pero con justicia, humanidad y responsabilidad.
*Maria Luisa Arredondo es la fundadora y directora de Latinocalifornia.com. Es autora del libro “La vida después del cruce”.