
Los 835 días que José Antonio Zúñiga Rodríguez pasó preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México acusado de homicidio calificado, desde el 14 de diciembre de 2005, resumen la infinidad de casos que han hecho del sistema judicial mexicano cualquier cosa menos que un ejercicio de aplicación profesional y ecuánime de las leyes, sobre todo cuando se trata de los sectores sociales más desprotegidos: ha sido siempre más fácil fabricar culpables que probar la inocencia de los detenidos.
La historia de este joven es recogida y explicada minuciosamente en el documental “Presunto culpable”, del que los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete son no solo los artífices, sino, de algún modo, los pioneros en exhibir a través de imágenes la podredumbre de un aparato legal, cuyos actores principales –policías, jueces y ministerios públicos—inhiben cualquier posibilidad de confiar en su desempeño por la forma tan grotescamente burocrática en que hacen su trabajo; antes bien, se les teme y se les aborrece.
Por ende, la gente prefiere no denunciar, pues en lugar de sentir protección experimenta una sensación de total desamparo. En pocas palabras, se ha formado la idea de que las leyes no se aplican con igual rasero a ricos y poderosos que a pobres y vulnerables. Y aun así muchos se preguntan por qué persiste el desapego a las leyes en México. El caso de Marisela Escobedo, en Chihuahua, fue vergonzoso, cuando tres jueces liberaron al homicida confeso de su hija; tiempo después la activista fue asesinada cuando reclamaba frente a las mismísimas oficinas de gobierno, amén del posterior perjuicio a otros miembros de su familia.
Pero en el caso de “Presunto culpable”, cuya exhibición pública en cines de México fue un éxito desde el principio –a pesar de que pendía sobre el documental la posibilidad de una suspensión, lo cual no ocurrió al final– su contenido es un retrato exacto de lo que padecen quienes siendo inocentes no tienen los elementos ni mucho menos los recursos para defenderse.
Zúñiga Rodríguez, el protagonista de la cinta, tenía en su favor testigos que lo habían visto y hablado con él en el momento del asesinato del joven Juan Carlos Reyes Pacheco; resultó negativo en la prueba de Harrison, que se le hace a los acusados para saber si han disparado un arma, amén de que el retrato hablado del homicida no coincidía con su fisonomía.
Aun con esos elementos fue confinado a la cárcel.
De no haber sido por el interés mostrado en su caso por los abogados Hernández y Negrete, y posteriormente el defensor Rafael Heredia, Zúñiga habría pasado 20 años tras las rejas por un delito que no cometió, pues esa había sido la sentencia dictada por el juez Héctor Palomares, quien en el documental muestra lo que realmente piensa el ciudadano común de quienes aplican las leyes: desinterés por saber la verdad y mediocridad en el ejercicio de sus funciones.
La patética presencia en el documental de la agente del Ministerio Público, Marisela Guzmán, es otra prueba de la impreparación; de hecho, luego de ser visto por las autoridades, fue enviada a tomar un curso de capacitación al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Lo que finalmente en realidad salvó al presunto culpable fue la revisión de un juez de segunda instancia de toda la actuación ministerial a partir de las imágenes grabadas para el documental. Solo así se dio cuenta de los errores e inconsistencias del proceso, y sobre todo de que el testigo Víctor Daniel Reyes Bravo, primo de la víctima, tuvo que confesar al final que, efectivamente, no había visto a Zúñiga matar a su pariente, a pesar de que lo había sostenido durante todas las audiencias. Y es curioso: aun así, el juez Palomares pasó por alto absolutamente todo ello y dictó sentencia condenatoria. Para dejar estupefacto a cualquiera.
Vale tomar en cuenta que el ejercicio periodístico de reportar a través de las imágenes lo que realmente ocurrió en este caso fue fundamental para probar la inocencia del acusado.
La enseñanza de “Presunto culpable”, si la hay, es que el sistema judicial mexicano está lejos de funcionar correctamente; que aquello que el ciudadano común piensa al respecto es cierto; que cada vez se profundiza más el pavor y el rechazo a todo lo que tenga que ver con juzgados y ministerios públicos; y que en las cárceles se padece la miseria del hacinamiento.
Pero sobre todo, que a pesar de la existencia de este documental aún hay miles de inocentes en las prisiones mexicanas, compartiendo celda con verdaderos delincuentes.