María Luisa Arredondo.María Luisa Arredondo*
La decisión de López Obrador de combatir el robo de gasolina es incuestionable. El huachicoleo, como se le llama a esta práctica en México, causa que el país pierda anualmente unos 3 mil millones de dólares y tiene al borde de la ruina a Pemex, una de las paraestatales más importantes de Latinoamérica. Pero lo que en definitiva ha resultado controversial es la forma en la que el gobierno federal ha enfrentado esta calamidad.
Como hemos visto en los últimos días, la decisión de cerrar los ductos de Pemex para evitar el saqueo del combustible ha provocado un grave problema de distribución en 11 entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Los conductores de autos no han sido los únicos afectados sino también el comercio y la industria.
Aunque hasta ahora, según varias encuestas, la mayoría de la población apoya la lucha de López Obrador contra este flagelo, al presidente le han llovido las críticas por la falta de una estrategia adecuada para prevenir el desabasto del combustible. AMLO incurrió en varios errores, entre ellos el de no informar ni buscar el apoyo de los gobiernos estatales ni de la policía federal. Tampoco previó que los camiones cisterna de Pemex serían insuficientes para transportar la gasolina que se requiere. Por fortuna, la Cámara Nacional del Transporte ha puesto a disposición del gobierno las 3,500 pipas con que cuenta para llevar el combustible a donde se necesita.
Otro error ha sido la falta de información oficial suficiente y oportuna sobre el operativo contra el hurto, lo que ha dado paso a la propagación de noticias falsas como la de que México había disminuido la importación de gasolina de Estados Unidos.
Falta por aclararse ahora cuáles serán los pasos que tomará AMLO para combatir el huachicoleo de manera permanente. Una de las preguntas fundamentales es cuándo y cómo se empezará a castigar a los responsables, lo que se anticipa será una tarea titánica. Gracias a reportes como el de la consultora EnergeA se sabe que la lista es inmensa. Incluye, por supuesto, a bandas criminales pero también a funcionarios y trabajadores de Pemex, a policías, dueños de gasolineras y empresarios. En una de sus conferencias, AMLO dijo incluso que los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña estaban enterados del robo de combustible porque son ellos quienes aprueban todos los grandes negocios del país. No precisó, sin embargo, si abrirá expedientes judiciales contra ellos, aunque dejó entrever que podría someter esa posibilidad a una consulta popular.
AMLO tendrá que aclarar pronto esta ambigüedad, especialmente si quiere tener éxito en su lucha contra la corrupción. No sería justo que solo se castigara a los empleados de bajo nivel de Pemex y que se perdonara a los altos funcionarios de la paraestatal o a los expresidentes, en caso que hubiera sustento para enjuiciarlos. La justicia, como todos sabemos, debe ser ciega.
*María Luisa Arredondo es fundadora y directora general de Latinocalifornia.com