Espionaje político en México

María Luisa Arredondo.
María Luisa Arredondo.

María Luisa Arredondo*

A la larga lista de acusaciones que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto por violaciones a la ley y abuso de poder se ha agregado otra: la de espiar ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción con tecnología de punta que, en teoría, solamente debe utilizarse contra criminales y terroristas.

Aunque el gobierno ha subrayado que “no hay prueba alguna de que sea responsable del supuesto espionaje”, una acuciosa investigación de Artículo 13, R3D y Social Tic, que contó con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto Canadá, revela que desde 2011, por lo menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en un complejo programa de espionaje israelí.

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La periodista Carmen Aristegui fue una de las víctimas a las que se trató de espiar.

La investigación, publicada por The New York Times, indica que entre las personas a las que se intentó espiar están los conocidos periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y el economista Juan Pardinas, autor y promotor de la legislación anticorrupción llamada Ley 3de3.

El NYT asegura que el programa de espionaje, denominado Pegasus, penetra en los teléfonos celulares de las víctimas para vigilar todas sus acciones e incluso se pueden instalar una cámara y un micrófono. La empresa que lo fabrica, NSO Group, dice que vende esta herramienta exclusivamente a los gobiernos para que combatan a terroristas o miembros del crimen organizado.

Pero en el caso de México, como lo revelan decenas de mensajes examinados por el NYT, el programa se ha utilizado ampliamente para espiar a los críticos del gobierno.

Si bien el espionaje político es una práctica común y antigua en México, el reportaje del NYT ha causado un gran escándalo porque nunca antes un medio internacional de ese calibre había expuesto el problema de forma tan detallada.

El asunto, por otro lado, no debe minimizarse. Cuando los gobiernos vigilan y espían a los periodistas y activistas adquieren sobre ellos un enorme poder que los deja totalmente vulnerables pues quedan al descubierto todos sus movimientos, sus planes de trabajo, sus vidas personales y sus relaciones familiares. Todo esto es la antesala para el chantaje, el acoso, la persecución y, finalmente, el silencio.

El gobierno de Peña asegura que no está detrás de estas acciones, pero hay muchas evidencias en su contra. Si realmente le preocupan estas acusaciones, debe dar mayores explicaciones y pruebas de su inocencia. No basta con el breve comunicado para desmentir estos señalamientos que envió al editor del NYT. El asunto amerita una investigación a fondo, sobre todo por el triste récord que ostenta México de ser uno de los países donde se asesina a más periodistas sin que se castigue a los responsables.

*María Luisa Arredondo es la fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com

 

 

 

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