María Luisa Arredondo.Rubén Espinosa hizo todo lo que cualquier periodista con sentido común puede hacer en México al sentirse amenazado de muerte. Decidió abandonar el peligroso estado de Veracruz, donde trabajaba como corresponsal del semanario Proceso y de la agencia Cuartoscuro, para refugiarse en la ciudad de México, donde supuestamente el gobierno local ofrece seguridad a los comunicadores cuya integridad física está en riesgo; denunció su situación ante los prestigiosos medios para los que laboraba y ante muchos otros que se interesaron por su caso e incluso ante organizaciones de defensa para los informadores como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York.
Nada de esto sirvió para protegerlo. El joven fotoperiodista, de sólo 31 años, fue hallado muerto el pasado 31 de julio en un departamento de la céntrica colonia Narvarte, en el D.F., junto con otras cuatro mujeres. Todas las víctimas presentaban signos de tortura y fueron ejecutadas con el tiro de gracia. La noticia ha vuelto a enlutar y a consternar no sólo al gremio periodístico sino a todo el país no sólo por la saña con que se cometió el crimen sino porque con Espinosa aumenta a 88 el número de comunicadores asesinados en México desde el año 2000.
El cobarde asesinato de Espinosa y de las cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, del grupo #YoSoy132, ha quebrantado la imagen de que la ciudad de México era una especie de santuario para los periodistas perseguidos en otras partes del país. Como lo señalan los integrantes de Artículo 19, las amenazas contra Espinosa eran bien conocidas y “su asesinato ocurrió porque ninguna autoridad levantó un dedo por él”.
Lo que más preocupa es que el gobierno capitalino, encabezado por Miguel Mancera, inició la investigación del caso con el pie izquierdo. En sus declaraciones iniciales, el procurador del D.F., Raúl Ríos Garza, manifestó que la primera línea de investigación sería el móvil del robo porque el departamento donde estaban las víctimas había sido saqueado. Al funcionario no se le ocurrió pensar que esto puede ser sólo un distractor y que lo más importante son las amenazas que Espinosa recibió en Veracruz, estado donde han matado a 15 periodistas en los últimos diez años. Todos estos asesinatos han quedado impunes ante la indiferencia del gobernador Javier Duarte.
Ante las críticas por estas declaraciones, Ríos rectificó y aseguró que se seguirán todas las líneas de investigación, incluida la de un posible ataque a la libertad de expresión. Está obligado a hacerlo y a entregar a los responsables de este abominable crimen. De lo contrario, el gobierno del D.F. quedará, en materia de procuración de justicia, al nivel del de Duarte en Veracruz.