Crece el clamor contra las deportaciones

La administración Obama ha deportado ya a dos millones de indocumentados. Foto: CHIRLA.
La administración Obama ha deportado ya a dos millones de indocumentados. Foto: CHIRLA.

Bertha Rodríguez-Santos

María Anaya, de 18 años, rompe en llanto al recordar a su madre recientemente fallecida en Tijuana después de que fue deportada. “Ni siquiera pude despedirme de ella”, comenta entre lágrimas.

Su interlocutor, el profesor Armando Vásquez Ramos, miembro de la Campaña Protección a Nuestras Familias, manifiesta sentir un gran dolor en al saber que miles de personas tienen una experiencia similar a la de esta joven.

En muchos casos, millones de ellos, se trata de jóvenes que tienen la ciudadanía estadounidense por haber nacido en este país, los que están viviendo en carne propia la crisis humanitaria creada por las deportaciones -que en los últimos cinco años han alcanzado una cifra de alrededor de dos millones.

La joven sólo comenta que después de ser deportada, su madre sufrió un accidente en Tijuana y falleció en el hospital. La mujer, de origen mexicano, dejó ocho hijos y un esposo que se dedica a la jardinería.

Vásquez Ramos guarda silencio y comparte el dolor de María Anaya. Es precisamente el sufrimiento de las familias el que anima a muchos activistas a buscar que el presidente Barack Obama ejerza su poder ejecutivo y declare un cese a las deportaciones, en tanto la mayoría republicana en el Congreso federal ha declarado que este año no habrá reforma migratoria.

Apoyo en ciudades del sureste

Ante esta situación y debido a que las ciudades del sureste angelino representan la región con la más alta concentración de inmigrantes indocumentados, el vicealcalde Chris García y la concejala Diane Oliva presentarán ante el concejo de Cudahy, una resolución que exhorta a Obama a suspender las deportaciones, a extender el programa de Acción Diferida y a cesar el  despido de trabajadores sin documentos. La moción sería sometida a votación en la reunión del concejo del 4 de marzo y cuenta con el respaldo del alcalde Jack Guerrero.

Por su parte, la concejala de Huntington Park, Karina Macías, informó que ella contemplaba presentar una resolución similar en las próximas semanas.

Estas iniciativas se suman a varias ciudades que en todo el estado ya han aprobado resoluciones para detener las deportaciones y buscar una legalización.

Mientras que para la comunidad inmigrante detener las deportaciones y lograr una legalización representa un asunto urgente, para los políticos resulta un asunto electoral porque en noviembre se llevan a cabo los comicios para renovar el Congreso.

La Campaña Protección a Nuestras Familias logró que miembros del Concejo de Los Ángeles aprobaran el 18 de diciembre una resolución que pide al presidente Obama detener las deportaciones y otorgar un estatus de protección legal a las personas que califiquen, es decir, que se aplique un programa equivalente al de Acción Diferida o DACA.

El concejo de Santa Ana, en el condado de Orange, está en proceso de discutir una resolución sobre la legalización y el alto a las deportaciones.

Los concejales de Carson, California, aprobaron también a mediados de febrero, una resolución para pedir el cese a las deportaciones. El concejal Mike Gipson, quien introdujo la propuesta, comentó que pediría a otros concejales de la asociación Young Elected Officials, con miembros en todo el país, para que aprueben resoluciones similares.

A este esfuerzo se unió el Concilio Laboral del Sur del Condado de Los Ángeles, que agrupa a varios sindicatos del área.

También se encuentra en proceso la iniciativa de ley SR 25 presentada ante el Senado estatal, por el senador Ron Calderón; el estatus de dicha propuesta se complica debido a que el autor enfrenta una acusación por presuntos cargos de corrupción. Se espera que la iniciativa sea retomada por otro legislador para que el proceso continúe.

A nivel federal, los congresistas Raúl Grijalva e Yvette Clarke enviaron al presidente Obama una carta en la que lo exhortan a parar las deportaciones y a decretar un DACA para todos (esta fue la primera iniciativa al respecto ya que la carta fue dada a conocer el 5 de diciembre del 2013).

Por otro lado, a nivel nacional ha habido diferentes esfuerzos encaminados a detener la separación de familias y todas las secuelas causadas por las deportaciones, entre ellas, la muerte de migrantes que intentan reingresar a Estados Unidos cruzando la frontera, y el dolor emocional que miles de personas experimentan cuando sus familias son partidas por la frontera.

Las acciones van desde ayunos, marchas, acciones directas de desobediencia civil, cartas a los congresistas, llamadas telefónicas y campañas por internet, entre otras.

El 22 de febrero, varias organizaciones pro inmigrantes convocadas por la Coalición por los Derechos Plenos de Inmigrantes por una Reforma Migratoria, realizaron una marcha en Los Ángeles para insistir en una reforma migratoria y un alto a las deportaciones.

La Red Nacional de Jornaleros y el National Immigration Law Center, son dos de las organizaciones que han hecho énfasis en el poder del presidente Obama para detener las más de mil 200 deportaciones que diariamente el Departamento de Seguridad Nacional, a través de oficiales de inmigración llevan a cabo en todo el país.

Mientras tanto, la Campaña Protección a Nuestras Familias planea realizar en en las próximas semanas, en Los Ángeles, un foro que reunirá testimonios directos de las familias, que como en el caso de María Anaya, son afectadas por las deportaciones.

 

 

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