Enjuician a arrendatarios por problemas de alquiler en Arkansas

 

Muchos inquilinos que se atrasan conel pago de alquiler son llevados a juicio en Arkansas.

Deben derogarse leyes draconianas sobre desalojo

(Little Rock, 5 de febrero de 2013) − Cientos de arrendatarios de Arkansas se enfrentan a procesos penales cada año por no pagar su alquiler en forma puntual ni desocupar sus viviendas con suficiente rapidez, manifestó Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. La legislatura del estado de Arkansas debería derogar la ley abusiva que permite estos juicios, la cual no tiene equivalentes en ningún otro estado de Estados Unidos.

El informe de 44 páginas “Pagar el alquiler o ser detenido: Consecuencias abusivas de la ley penal sobre desalojo de Arkansas” [Pay the Rent or Face Arrest: Abusive Impacts of Arkansas’s Criminal Evictions Law] relata las historias de arrendatarios de Arkansas que fueron llevados ante la justicia penal por transgresiones que en ningún otro estado de Estados Unidos se consideran delitos. Otros arrendatarios que no violaron la ley han sido acusados por fiscales que dieron crédito a reclamos dudosos interpuestos por los propietarios. Varios de los arrendatarios entrevistados para este informe fueron interceptados en sus hogares o centros de trabajo por policías que tenían órdenes de arresto. Un juez de distrito incluso recriminó a una mujer en plena audiencia y la comparó con un ladrón de bancos.

“La ley de Arkansas ‘sobre incumplimiento de la obligación de desocupar inmuebles’ es injusta y avasalla derechos fundamentales de los arrendatarios”, expresó Chris Albin-Lackey, investigador sénior de Human Rights Watch sobre empresas y derechos humanos. “También criminaliza las graves dificultades económicas que muchos de los arrendatarios ya enfrentan”.

Conforme a la ley de Arkansas sobre incumplimiento de la obligación de desocupación, un propietario puede exigir que su arrendatario desocupe la propiedad en el término de 10 días si no paga la totalidad del alquiler puntualmente. De no acatar este reglamento, el inquilino habrá incurrido en un delito menor. Los arrendatarios no tienen posibilidad de plantear su versión de la situación en la corte sin arriesgarse a que se imponga una condena penal.

Muchos arrendatarios terminan en los tribunales precisamente porque apenas logran cumplir con su obligación de pagar el alquiler, y mucho menos pueden solventar las elevadas multas que habitualmente se fijan con la condena. Sin embargo, la ley establece que el tribunal deberá condenar al arrendatario independientemente del motivo por el cual la persona no pudo pagar el alquiler en su totalidad o puntualmente, o no pudo mudarse antes del plazo de 10 días. Los derechos e intereses de los arrendatarios no se toman en cuenta en las deliberaciones de la justicia.

Tan sólo en 2012, más de 1.200 arrendatarios de Arkansas fueron acusados por incumplimiento de la obligación de desocupar inmuebles en virtud de esta ley. Y la cifra es significativamente inferior a la cantidad real de personas afectadas por la norma. La gran mayoría de los arrendatarios hacen lo posible por dejar la vivienda cuando se les notifica que tienen 10 días para desocupar el inmueble o que, de lo contrario, irán a juicio, y se trata sin duda de una reacción justificada.

Como si esto no fuera poco, la ley disuade enérgicamente a los arrendatarios de invocar su inocencia. Aquellos que optan por afirmar que no son culpables, deben depositar en el tribunal el monto total del alquiler que supuestamente adeudan, y si finalmente se determina que son culpables, pierden el valor consignado. Los arrendatarios que no pueden depositar el alquiler, pero que igualmente se declaran inocentes, se enfrentan a multas mucho más severas y hasta a 90 días de cárcel. Ninguna de estas sanciones se aplica a aquellos arrendatarios que se declaran culpables.

“La ley sobre incumplimiento de la obligación de desocupar un inmueble coacciona a los arrendatarios para que desocupen la propiedad de manera pacífica, o bien se declaren culpables, en lugar de hacer valer su derecho a defenderse de acusaciones penales y ser escuchados por la justicia”, expresó Albin-Lackey. “Lo más inquietante es que, para ello, la ley convierta a los fiscales en abogados defensores de los propietarios, a costa de los contribuyentes”.

El proceso penal de desalojo también permite gran cantidad de abusos por parte de propietarios inescrupulosos, ya que no se evalúa rigurosamente la veracidad de los reclamos de los propietarios. Muchos fiscales acusan penalmente a los arrendatarios basándose exclusivamente en lo que afirman los propietarios.

Human Rights Watch entrevistó a una arrendataria a quien el propietario le mostró una orden de arresto que había sido emitida tan sólo tres días después del momento en que le exigió que se mudara. En otro caso, se formularon cargos contra una mujer basados en reclamos falsos presentados por un hombre a quien en realidad ella le había comprado su vivienda, e incluso ya había pagado su valor total.

Human Rights Watch concluyó que la redacción de la ley penal sobre desalojo es deficiente y su implementación ha sido irregular. Es posible que no haya dos tribunales de distrito en todo Arkansas que apliquen la ley exactamente de la misma forma.

Existen iniciativas incipientes para derogar esta norma. En enero de 2013, una comisión extraparlamentaria sobre la ley que regula las relaciones entre arrendatarios y propietarios establecida por la legislatura del estado instó al gobierno de Arkansas a derogar la ley penal sobre desalojos y reemplazarla por un proceso civil de desalojo más eficiente. También instó a que se lleven a cabo otras reformas indispensables.

“Los lineamientos para reformar esta ley injusta ya están dados”, expresó Albin-Lackey. “La legislatura del estado ya cuenta con recomendaciones valiosas al respecto y debería implementarlas de inmediato”.

“Pay the Rent or Face Arrest: Abusive Impacts of Arkansas’s Criminal Evictions Law” se encuentra disponible en:
http://www.hrw.org/node/113160

Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre Estados Unidos, visite:
http://www.hrw.org/united-states

Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre empresas y derechos humanos, visite:
http://www.hrw.org/topic/business

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:
En Nueva York, Chris Albin-Lackey (inglés, francés): +1-212-216-1865; o 1-347-886-7733 (celular); o albinlc@hrw.org
En Washington, DC, Arvind Ganesan (inglés): +1-202-255-8305 (celular); o ganesaa@hrw.org

La historia de una familia
Steve y su esposa Angela [los apellidos se omiten a pedido de las partes] participan activamente en su iglesia y nunca habían tenido problemas con la ley hasta agosto de 2012. Una noche durante ese mes, la pareja se estaba preparando para asistir a la clase de estudios bíblicos cuando sintieron que golpeaban la puerta. Al abrir, vieron que había dos policías.

“Uno de ellos dijo: ‘Tenemos una orden para arrestarlos a todos’”, recuerda Angela. “Lo siguiente que recuerdo es a mi esposo arrastrándome fuera de la cocina. Me había desmayado”. La pareja no había podido pagar los 585 dólares de alquiler ese mes.

Cuando Human Rights Watch entrevistó a la pareja varios días después afuera del Tribunal de Distrito en Little Rock, Angela se aferraba a una bolsa de plástico repleta de píldoras. Había recibido un trasplante cardíaco, y su cuerpo estaba rechazando el nuevo órgano. Ante el temor de que el propietario del inmueble que alquilaban cambiara las cerraduras mientras ellos se encontraban en el juzgado, Angela había traído consigo, por las dudas, todos los medicamentos antirrechazo que tenía en la casa.

Steve había vivido en el departamento durante ocho años y medio, y Angela se mudó con él cuando se casaron en 2010.

“El lugar está bien, y muchos de los que viven por ahí nos han dicho que les disgusta la idea de que tengamos que irnos”, dijo Steve. “No hemos tenido problemas allí, y nunca me he atrasado más de un mes. Y ahora me pegan este aviso en la puerta y me dicen que tengo 10 días para irme”.

Dos semanas después de que venció el pago del alquiler, Steve se contactó con la propietaria.

“Le dije que tenía la mitad del dinero”, explicó, “pero no lo aceptó. Intenté pedir prestado a todo el mundo. La propietaria me dijo: ‘Si lo hago por ti, tendré que hacerlo con todos los demás’. Y yo le respondí: “¡Pero hace ocho años y medio que vivo ahí!”

Steve y Angela intentaron seguir negociando el pago con la propietaria después de que les colocara el aviso de que tenían 10 días para dejar el inmueble. Pensaban que, de algún modo, podrían convencerla de darles más tiempo. A su vez, comenzaron a buscar un nuevo departamento, pero cuando venció el plazo de 10 días, aún no habían encontrado otro sitio.

“Estábamos intentando encontrar un lugar”, contó Steve.

Steve y Angela estuvieron sentados en la sala de tribunales, uno con los brazos alrededor del otro, durante casi dos horas, mientras observaban el desfile de personas que eran llamadas a comparecer ante el juez por casos de robo, delitos vinculados con drogas y crímenes violentos. Cuando finalmente les tocó su turno, el secretario del tribunal le pidió a Angela que se ubicara frente a él para que pudiera tomarle la fotografía para la ficha penal. Angela no pudo contener las lágrimas, tomó a su marido del brazo y gritó: “Steve, ¿es que vamos a ir a la cárcel? ¡No quiero ir a prisión!”. Se hizo silencio en la sala mientras la jueza intentaba calmarla diciéndole a la pareja que desestimaría los cargos si desalojaban la vivienda en una semana, un acto de compasión para con los acusados que no está contemplado por la ley vigente.
Más tarde, cuando estaban de pie afuera del juzgado, Steve y Angela se veían claramente consternados.

“Me siento como una delincuente”, expresó Angela. “Sólo quería estar aquí acompañando a mi marido. Pero al mismo tiempo, no quería estar aquí en absoluto, ¿me entiendes?”.

Cuando se les preguntó qué pensaban hacer, Steve movió la cabeza pensativo. “No lo sé. Estamos orando. Eso es todo”.

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