El fenómeno migratorio no es nada nuevo, sin embargo hoy en día y derivado de la globalización, los países enfrentan la difícil labor de buscar la manera más viable de darle solución y con esto, de vigilar que se respeten y se protejan los derechos humanos universales fundamentales.
Se comprende que la migración por sus orígenes y razones que la crean, los cuales van desde los culturales, sociales, económicos, de seguridad, entre otros; vuelve un sector vulnerable al de los migrantes que se internan en otro país de forma ilegal, es por ello que los gobiernos deben atender los problemas que nuestros migrantes enfrentan fuera de su territorio nacional, en los países de recepción.
Es obligación de un país respetar los derechos humanos inalienables que el ser humano posee, sin distinción alguna de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, así como todos los Tratados Internacionales a los que se han suscrito en esta materia. Al interior, indistintamente de su gobierno, deben de procurar el respeto a la vida, a la libertad y a un trato digno y justo a través de la implementación de políticas públicas integrales que permitan el sano ejercicio de la protección de los migrantes.
Pese a ello, desde el año pasado, algunos de los Estados de nuestro país vecino del norte, principalmente los que colindan con nuestra frontera, como es el caso de Arizona, han impulsado y creado controversiales leyes antiinmigrantes, que lejos de desincentivar la migración, pinta un panorama sombrío y violatorio de los derechos humanos de las personas que se encuentran en ese “status migratorio”, ya que son racistas y xenofóbicas.
Bajo estas circunstancias el Partido Acción Nacional no ha quitado el dedo del renglón y menos ahora que la Suprema Corte de Estados Unidos de América no encontró elementos suficientes para declarar inconstitucional la sección 2(b) de la Ley SB1070 en función de la preeminencia de la ley federal.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha dado algunos pasos para evitar la deportación masiva de millones de personas que radican allá entre sur y centroamericanos, es preocupante y verdaderamente lamentable este fallo, ya que ésta sección faculta a las autoridades estatales en casos de detención o arresto, a verificar bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas.
Recordemos que desde abril de 2010, México se ha manifestado y señalado de manera firme, que la Ley SB1070 y otras similares no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino. Como legislador y miembro de un partido humanista, creo que este tipo de leyes conlleva altos costos políticos en los puntos donde han entrado en vigor, pues podrían derivar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan Estados.
Ante lo anteriormente descrito, no queda más que abogar por el respeto y la dignidad humana, hacer valer y trabajar en las relaciones diplomáticas existentes que permitan el dialogo y el llegar a acuerdos de beneficio mutuo, pues la comunidad internacional ve con interés lo que pueda ocurrir con esta agenda bilateral. Es indispensable el trabajo conjunto y en coordinación que permitan atender de manera consciente y oportuna a nuestros migrantes. Lo hemos venido haciendo y continuaremos en esta tarea.
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